Se suspende el juicio del pozo Emilio porque las defensas se acuerdan ahora de que tienen seguros de responsabilidad civil
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 2 de León ha decidido este lunes suspender la primera sesión del juicio del accidente minero del pozo Emilio del Valle de la empresa Hullera Vasco Leonesa porque los acusados se han acordado ahora de que en el momento del accidente que costó la vida a seis mineros y dejó heridos de distinta gravedad a otros ocho, el 28 de octubre de 2013, tenían seguros de responsabilidad civil.
Sin saber si existen tales pólizas de seguros o no y que en caso afirmativo las empresas aseguradoras tuviesen o no la responsabilidad civil de lo acaecido, la jueza ha decidido no realizar las tres primeras declaraciones a los acusados que estaban previstas para este lunes y dar paso a la comprobación de unas diligencias previas que se deberían haber realizado en la fase de instrucción para que, en caso de que los acusados sí tuviesen en vigor un seguro, no se tuviesen que anular las declaraciones efectuadas y también el juicio.
En el banquillo de los acusados tendrán que sentarse, antes o después, los principales responsables de la entonces Hullera Vasco Leonesa, en proceso de desguace tras su quiebra en 2015, los Del Valle: los que fueran su presidente, Antonio del Valle; vicepresidente y consejero delegado, Arturo del Valle; y vocal Aurelio del Valle. También están imputados el entonces director general, Marco Calvo, y el director facultativo de la explotación, José Eliseo Solís. El resto de acusados, hasta 16 antiguos responsables de la empresa minera, son ingenieros y vigilantes de seguridad de la compañía que debía garantizar la explotación.
De ellos, solo dos, el que fuera director facultativo de la explotación, José Eliseo Solís, y otro, José Marcos Ulecia, han asegurado a la jueza que o bien tenía una póliza que lo cubría en el momento del suceso que se cobró la vida de seis mineros en La Pola de Gordón en el caso del primero, o contrató una más tarde que le daba cobertura con carácter retroactivo, en el caso del segundo. El resto ha manifestado en voz alta que no tenía ningún tipo de seguro que pudiera responder en su nombre salvo otros dos, que tendrían dudas, porque estaban colegiados en el Colegio Superior de Ingenieros Técnicos de León aunque “no les consta” que por ello estuviesen asegurados en responsabilidad civil.
Ahora será el juzgado quien tenga que comprobar con las aseguradoras si eso es así, incluso si quieren personarse en el procedimiento ya iniciado o abrir otro paralelo. De esta manera, el juicio queda pospuesto como mínimo hasta el miércoles, trastocando todo el desarrollo de las sesiones que estaban inicialmente previstas en horario de mañana, de lunes a miércoles, desde este 5 de abril hasta mediados del mes de mayo. La acusación, por su parte, teme que con esta maniobra el proceso se siga alargando en el tiempo, cuando se cumplen ya ocho años del accidente.
Además, pasarán también por la sala 60 testigos y peritos propuestos por las diferentes partes.
Las familias, indignadas
A la salida del juzgado, han sido varios los familiares de las víctimas que han increpado a los acusados, ante la indignación de ver cómo ocho años después del accidente siguen sin depurarse responsabilidades por seis víctimas mortales. “Da la cara”, “Sinvergüenza” o “Tú eras el que tenía que estar ahí abajo” fueron algunos de los mensajes que dedicaron a los entonces ingenieros de la explotación cuando se produjo el accidente, a casi 700 metros bajo tierra, en una galería donde, según el informe del Servicio de Minas de León, se produjo un hundimiento de carbón que provocó de forma muy rápida un gran aporte de gas grisú hacía la galería de la planta séptima donde trabajaban, y fallecieron por asfixia, los mineros Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez.
En las instalaciones del pozo Emilio del Valle, en el municipio leonés de La Pola de Gordón, se instaló un monolito en su recuerdo. Hoy, el antiguo lugar minero es una explotación ganadera y el monolito se ha traslado a la cercana localidad de Ciñera.
Peticiones de condena
Las peticiones de condena van desde los tres años y medio de prisión por seis delitos de homicidio con imprudencia grave y otro de lesiones por imprudencia de la Fiscalía a los seis años y medio que piden las acusaciones particulares de las familias de los fallecidos. Las defensas, en cambio, piden la libre absolución de los imputados alegando que el accidente, el más grave en una explotación minera en los últimos 30 años en España, fue “imprevisible”.
De la misma manera, se piden indemnizaciones económicas desde 770.000 euros a 1,1 millones para las familias de los heridos y los fallecidos.
En el auto de apertura de juicio oral se argumentaba que se trabajó en la zona afectada por el derrabe (derrumbamiento de carbón) sin las medidas de seguridad adecuadas, lo que ponía en peligro la integridad física de los mineros, como ocurrió. Como responsables civiles figuran la compañía Hullera Vasco Leonesa, en liquidación, y la aseguradora.
