La Junta aprueba rebaja del precio para presentarse a la Ebau pero sigue siendo de los más altos de España
El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado hoy el Decreto que establece la matrícula de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (Ebau, antigua Selectidad) en las cuatro universidades públicas de Castilla y León.
Tal y como ha explicado el Gobierno autonómico, el alumnado que se presente a la fase general y ordinaria pagará 76,82 euros, cerca de un 16 % menos que en el curso pasado. A pesar de bajar, sigue siendo un precio que permanece por encima de la mayoría de ese mismo coste en las universidades del resto de España, como Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja o Murcia.
Según detallan, el descenso podría llegar a supera el 54 % para aquellos que accedan al examen en la fase voluntaria, 10,33 euros por materia. Se trata de unos nuevos nuevos precios que serán ya de aplicación para los que realicen la prueba en este 2023 a principios del mes de junio.
La Junta de Castilla y León también dio hoy luz verde a la disminución aprobada por la Consejería de Educación de los precios públicos para cursar estudios universitarios en las universidades públicas de León, Burgos, Salamanca y Valladolid. En concreto, la primera matrícula de grado para el curso 2023-2024 costará un 8,67% menos que en el presente periodo lectivo pero siempre es importante aclarar que se trata de una rebaja que únicamente afecta, como siempre, a la primera matrícula. Asimismo, las tasas de las primeras matrículas de máster no habilitante bajarán cerca del 19 por ciento respecto a las existentes.
Finalmente, el Decreto contempla, además de las exenciones y bonificaciones de pago habituales por premios y menciones, para víctimas de terrorismo, de violencia de género, para miembros de familias numerosas y para receptores del ingreso mínimo vital, una nueva para las personas afectadas por el conflicto de Ucrania que sean beneficiarias de protección temporal, siempre y cuando no tengan un título universitario del mismo nivel.
