Vox pide ahora impedir plantas solares o eólicas en terrenos de cultivo como aprobó la Junta cuando ellos gobernaban
El Grupo Vox en las Cortes de Castilla y León pidió hoy una moratoria para proyectos de energía renovable que estén en procedimiento administrativo hasta que se apruebe un mapa de afección medioambiental y de usos del suelo por parte de la Junta. Lo hacen porque consideran las plantas solares y eólicas en trámite “una proliferación masiva y sin control” de este tipo de instalaciones en casos, por ejemplo, de terrenos de uso agrícola.
Así lo ha defendido el portavoz del grupo, David Hierro, en la presentación de la proposición de ley de medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico de los núcleos rurales de Castilla y León, registrada esta mañana, cuya intención es que se debata antes de que finalice la legislatura, dentro de pocos meses.
Vox propone ahora matices y cambios en una normativa que, vía decreto-ley, se aprobó en junio del año 2022, es decir, cuando su grupo formaba parte del Gobierno autonómico en coalición con el Partido Popular. Hasta el punto estaban en el Ejecutivo que puso en marcha esta norma que ahora exigen que no se aplique que, de hecho, era de Vox la Consejería de Agricultura y Ganadería, cuyo titular fue Gerardo Dueñas, hasta que el líder autonómico y vicepresidente, Juan García-Gallardo, siguiendo instrucciones nacionales del partido de Santiago Abascal, anunció la ruptura del pacto con el PP.
Sin tener en cuenta estos precedentes, ahora Hierro expone que su grupo reivindica el mix energético y “no renuncia” a ningún tipo de energía en Castilla y León, que se posiciona como líder nacional en renovables. Pero se aferró al argumento de que se produce una “proliferación sin control” de paneles fotovoltaicos en los términos municipales rurales, que, “lejos de ligar al territorio” a sus habitantes, como dice el PP, les obliga “a irse”.
Para justificar su cambio de postura entre ahora y cuando gobernaba y se aprobó el actual marco normativo, el actual portavoz defiende que son “insuficientes” los criterios para la autorización de proyectos de energías renovables por parte de la Junta, y esto supone, dicen ahora, “un ataque” al medio rural por parte de las empresas que deja en una “indefensión” a los municipios.
Según recoge la exposición de motivos de la iniciativa, la generación de energía renovable en Castilla y León alcanzó el 42% de cobertura sobre el consumo final y una potencia de 14.513 megavatios, “duplicando el porcentaje de 2020”. “Cualquier nueva solicitud no obedece a una necesidad y, además, de afectar más intensamente a los valores agrarios y paisajísticos de nuestro entorno rural con una expansión excesiva, puede perjudicar la diversificación del mix energético”.
Unos 250 proyectos se verían afectados
La iniciativa de Vox para su regulación por ley es “muy sencilla” ya que consta de tres artículos, como detalló el viceportavoz del grupo, Carlos Menéndez, durante la rueda de prensa. En concreto en su artículo 1 se declara la suspensión de los procedimientos administrativos de reconocimiento de utilidad pública conforme a la ley del sector eléctrico donde tiene competencia la Junta.
En concreto, la Comunidad tiene competencia en la autorización de instalaciones de menos de 50 megavatios, que serían los sujetos a la moratoria, en este momento estarían en curso unos 250, indicó Carlos Menéndez a preguntas de los periodistas.
Además, en el artículo 2, señala que quedan excluidas de esta proposición de ley las instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica. Por último, recoge que la suspensión aprobada en esta ley no será de aplicación a procedimientos de reconocimiento de utilidad pública iniciados, es decir, siempre que hayan superado algún trámite como la información pública.
En una disposición transitoria, recoge que estas medidas mantendrán su vigencia en tanto no se elabore un mapa de afección medioambiental y usos del suelo por la Junta de Castilla y León, que no debe superar el plazo de un año. Finalmente, concluye que, por todo ello, “resulta oportuna” la aplicación de una moratoria a la autorización y declaración de utilidad pública de estas instalaciones, hasta que “se planifique y cconsensúeuna transición ordenada, eficiente y respetuosa con todos los valores ambientales y sociales”.
