“El Plan Integral de Residuos de la Junta es una excusa para la incineración de residuos”
Los Ecologistas consideran el Plan regresivo, sobre todo porque dará cobertura legal a la incineración de residuos domésticos -una actividad que hasta ahora no contemplaba la normativa sectorial de ámbito regional (planes de RSU y residuos de envases)-; así como a la incineración de distintos flujos de residuos industriales, incluso procedentes de otras comunidades autónomas.
A falta de incineradoras en la comunidad, la quema de residuos se llevará a cabo en las instalaciones que utilizan residuos como combustibles, que son principalmente las tres cementeras que existen en Castilla y León.
El Plan perjudicará sobre todo a la provincia de León, que cuenta con dos de estas fábricas: una en La Robla, a escasos kilómetros de la ciudad de León; y otra en Toral de los Vados en El Bierzo, donde la población se ha manifestado en repetidas ocasiones, de forma multitudinaria, contra una actividad lesiva para el turismo y la producción agroalimentaria de calidad que distingue a esta comarca.
La incineración de residuos es una actividad peligrosa para la salud y el medio ambiente que sólo beneficia a la industria cementera (decidida a convertirse en gestora de todo tipo de desechos ante la caída de las ventas de cemento) y a las grandes constructoras, empresas multiservicios como FCC y Urbaser (concesionarias del CTR de San Román de la Vega en León) que gestionan las plantas de tratamiento de residuos de Castilla y León, no con criterios medio ambientales sino buscando el máximo beneficio.
Y dado que el Plan se expone al público en los meses de julio y agosto, los menos indicados para facilitar la participación ciudadana, se ha solicitado la paralización de la tramitación del Plan y la apertura de un amplio debate que permita a la población de Castilla y León pronunciarse sobre la conveniencia, o no, de utilizar las cementeras como incineradoras de residuos.
