Un imputado por el envenenamiento de buitres leonados y un alimoche en Crémenes

Ical

La Guardia Civil ha imputado a un hombre de 66 años por el supuesto envenenamiento de siete buitres leonados y un alimoche que fueron localizados en el paraje conocido como 'Fuente la Burra' en el municipio de Crémenes. Según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno de León todos los ejemplares de estas especies, que son objeto de importantes programas de conservación en el ámbito europeo, fueron localizados con evidentes síntomas de envenenamiento.

En las necropsias se localizaron restos sin digerir de carne de pollo en el buche de los animales, lo que llevó a determinar que sufrieron una muerte fulminante propia de la ingesta de alguna sustancia tóxica. Agentes del Seprona, acompañados por un perro especializado en la detección de venenos y cebos envenenados, inspeccionaron una explotación ganadera de Crémenes donde localizaron una bolsa que contenía cuerpos de pollo, así como una sustancia granulada de color azul asimilada al carbofurano, con un peso aproximado de 200 gramos, y que tras las investigaciones realizadas, concluyeron que fue el veneno causante de la muerte de los animales, una sustancia prohibida desde el año 2007.

Además, se localizó una carabina de aire comprimido sin numerar y sin tarjeta de armas que la ampare y cuatro cartuchos de postas, así como una escopeta del calibre 12 con los cañones recortados, municionada con un cartucho de postas, lo que supone una modificación sustancial de un arma, convirtiéndola en arma prohibida.

Al hombre se le atribuye un delito en base al artículo 336 del Código Penal que dice: “El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior”

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