'Ecologistas en acción' recurre la planta de incineración de biomasa de la Junta en Puente Castro por varias irregularidades
La organización 'Ecologistas en Acción' de León ha presentado un recurso ante la Junta de Castilla y León contra la autorización ambiental concedida por la Consejería de Medio Ambiente a la central térmica de biomasa proyectada en el barrio de Puente Castro, junto al cementerio de León, el 'corazón' energético de la llamada Red de Calor.
El colectivo reclama al consejero, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, que atienda el creciente rechazo social y desista del proyecto de la Red de Calor, con varias plantas de combustión y otra fotovoltaica, impulsada por la empresa pública de la propia Junta, Somacyl, y con un coste total cifrado en más de 70 millones de euros. De hecho, reclaman que se eche el freno definitivo a la quema de biomasa como precisamente se ha desistido recientemente de otra de las plantas diseñadas en el mismo complejo, de combustión de biogás.
La organización considera que la autorización ya otorgada por la Junta a Somacyl, es decir, a sí misma, para la planta de biomasa es “nula de pleno derecho” por defectos de forma y por vulnerar la normativa ambiental y urbanística.
Entre sus alegaciones destaca que la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) el 11 de julio de 2025 omitió la indicación de vías y plazos de recurso, generando indefensión. También afirman que la documentación sometida a información pública en diciembre de 2024 era insuficiente, al carecer de estudios obligatorios como el informe urbanístico en plazo o la autorización de vertido.
Críticas al 'Proyecto Regional' y contaminación
El nuevo recurso, después del rechazo de estas y otras alegaciones por parte de la Consejería, sostiene que el proyecto de la central no ha pasado por una evaluación ambiental específica, ya que el trámite se vinculó a la figura también auto-otorgada de 'Proyecto Regional' que, según los ecologistas, se ha utilizado de manera abusiva para imponer instalaciones de alcance estrictamente local. Una estrategia que la Junta usa mucho en la provincia leonesa en los últimos años.
En su escrito, 'Ecologistas' considera que esta figura se ha aplicado sin demostrar un interés supramunicipal, vulnerando jurisprudencia y omitiendo alternativas de ubicación. Además, denuncian que la planta se ubicará en el sur de la ciudad sobre suelo rústico con protección natural y especial, desclasificado sin justificación ambiental.
En cuanto al fondo, Ecologistas en Acción alerta de que la planta, con una potencia de 88 megavatios prevista se convertirá en la principal “fuente fija de contaminación atmosférica” en toda el área urbana de León. Calculan que verterá cada año 312 toneladas de gases ácidos (NOx, SO2, HCl, HF, NH3), 205 toneladas de monóxido de carbono, seis toneladas de partículas en suspensión y seis kilos de mercurio, además de compuestos orgánicos volátiles, metales pesados e hidrocarburos aromáticos policíclicos, sin que estos últimos estén limitados ni controlados en la autorización.
Critican que la Junta haya fijado los “valores límite de emisión en el rango más permisivo” de las mejores técnicas disponibles y que ignore las advertencias científicas sobre la quema de biomasa como fuente importante de partículas finas (PM2,5) en ciudades europeas. Asimismo, rechazan la comparación de la Junta con las emisiones de las actuales calderas domésticas, argumento principal para la Red de Calor desde su presentación en el año 2022, dado que la mayoría funcionan con gas natural.
Falta de estudios sobre recursos y viabilidad
Otro de los puntos clave del recurso es la ausencia de un estudio de disponibilidad de biomasa para abastecer el elevado consumo previsto -128.000 toneladas de astilla forestal al año-, algo que sí se ha exigido en proyectos similares como la planta de Olmedo (Valladolid). La asociación advierte del riesgo de sobreexplotación de los montes cercanos y recuerda que la Ley obliga a usar los recursos de forma eficiente.
También señalan la falta de informes sobre la viabilidad económica y funcional de la Red de Calor, la ausencia de un padrón inicial de usuarios, y la inexistencia de estudios sobre el ciclo del agua o la movilidad. Subrayan además que el acceso principal al complejo industrial comparte vial con el cementerio municipal, por lo que el tránsito previsto de camiones (hasta 30 diarios en invierno para suministro de astillas, recuerdan) podría interferir con las comitivas funerarias y degradar el entorno.
Ante lo que consideran “irregularidades graves” y carencias técnicas, Ecologistas en Acción solicita la suspensión de la resolución y la paralización del proyecto, insistiendo en que no existe una justificación ambiental, social ni económica suficiente para autorizar una planta de estas características junto a zonas residenciales y sobre suelos protegidos.
