La Junta de Castilla y León está abordando la implantación de la gratuidad en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años de edad) financiando “única y exclusivamente” a centros privados-concertados y municipales (estos últimos conceden la gestión a una empresa), mientras que los públicos deben conformarse con recibir fondos europeos, según denuncia Comisiones Obreras. El sindicato advierte de que esta situación hace que estos últimos aborden el comienzo de curso con falta de material e incluso de aulas, lo que los pone en una situación de “desventaja” que supondría a la larga un “paulatino desmantelamiento encubierto de la red pública”.
La desproporción ya aflora en los datos de número de centros: de los 104 que ofertan Educación Infantil en la provincia de León, los públicos apenas son 37 frente a los 67 privados (CC.OO incluye entre estos últimos a los municipales por estar gestionados por empresas). “Sería más correcto que dijesen que quiere privatizar la enseñanza”, señaló el secretario de la Sección Sindical del Profesorado de Enseñanza No Universitaria de CCOO, Aurelio José Iglesias, tras catalogar el comienzo del curso en centros públicos que abordan en este ejercicio la incorporación de alumnos de 2 años como “caótico, sin recursos y sin poder prestar el servicio debidamente”.
A la hora de ilustrar con hechos esa valoración del comienzo del curso, Iglesias puso ejemplos: “Estamos viendo cómo hay maestros que tienen que traer de sus casas cunas. Y, en algún caso, el aula está sin construir...”. El resultado, según denunció, es ya “un trasvase de la enseñanza pública a la privada” que, con los alumnos ya asentados en estos últimos centros desde edades tempranas, abonaría el terreno a la administración educativa para acometer una “privatización encubierta” del sistema.
Para poner esta crítica en contexto, el secretario provincial del Sindicato de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre, aseguró que la Junta afronta la extensión de la gratuidad al primer ciclo de Infantil “forzada” por la aplicación de la nueva Ley de Educación, la Lomloe. Y se remitió a los recurrentes acuerdos publicados en el Bocyl (Boletín Oficial de Castilla y León) de autorización de apertura y funcionamiento de centros privados (sin ir más lejos este mismo jueves uno en Villaobispo de las Regueras, en el municipio de Villaquilambre), financiados con dinero autonómico. Los centros públicos se atienen a los fondos europeos. “Pero esos fondos llegan hasta donde llegan”, advierte Alegre. “Si hubiera un compromiso de la Junta, usaría dinero propio para reforzar esa financiación”, añadió para insistir en la denuncia de “privatización encubierta”: “Se está deteriorando la red pública para que luego sea más fácil desprenderse de ella y que desaparezca”.
Denuncia por la jornada lectiva en FP
Las críticas a la financiación de la Educación Infantil no fueron las únicas en este comienzo de curso de Comisiones Obreras, que se prepara para presentar una denuncia contra la “ilegalidad” que atribuye a la Junta por extender hasta las 25 horas lectivas la jornada semanal de algunos profesores de Formación Profesional (FP) cuando, debido a la aplicación de las 35 horas, no deberían superar las 17 (podrían alcanzar las 19 de forma excepcional). El resto, hasta llegar a las 35, corresponderían a tutorías, actividades extraescolares y otras funciones.
Y es que, según advirtió Alegre, Educación estaría eludiendo la aplicación de la normativa de las 35 horas basándose en la Ley de racionalización del gasto público de 2012, la que dio forma a los recortes emprendidos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Lo hace hasta estirar a 25 horas la jornada lectiva semanal de algunos docentes justificando esta medida con el argumento de que podrán compensarlo en los horarios del tercer trimestre.
CCOO se refirió a esta cuestión tras acusar a la Junta de utilizar “la confusión, la distracción y hasta el engaño” para “aminorar el impacto presupuestario” de la aplicación de las 35 horas semanales. “Ha rozado permanentemente el incumplimiento”, apuntó Alegre para alertar de que los responsables educativos “intentan generalizar” jornadas de 18 horas lectivas semanales (la ley establece 17 y se puede extender excepcionalmente hasta las 19), por lo que los tachó de “auténticos trileros”. “Tratan de convertir en norma la excepción”, censuró.
Comisiones afeó que el curso comenzara sin director provincial nombrado tras el traslado del anterior, Francisco Javier Álvarez Peón, para afrontar el “momento más crítico del año”. Y extendió la queja a la situación de la Dirección Provincial de Educación, que está “falta de personal suficiente” para asumir tareas como procesos selectivos de personal, entre otras cuestiones.