Aragón recurrirá la reglamentación europea sobre las ayudas al carbón
Aragón presentará un recurso contra la reglamentación europea de ayudas públicas al carbón por entender que deben estar vinculadas a planes de competitividad de las minas y no a su cierre.
El Gobierno de Aragón ha informado este martes de esta decisión y de que próximamente firmará un protocolo con Asturias y Castilla y León, para interponer una demanda conjunta contra la decisión del Consejo de Europa de diciembre pasado relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivo.
Para el Gobierno de Aragón, esa decisión establece planteamientos no coherentes con las políticas sobre el sector energético y la minería del carbón que ha venido desarrollando la UE y que consideran al carbón como un elemento energético clave en Europa.
Entre esas políticas cita el Libro Verde 'Hacia una estrategia europea para la seguridad en el suministro de energía' del año 2000, la 'Segunda revisión estratégica del sector de la energía: Plan de Actuación de la Unión Europea en pro de la seguridad y la solidaridad en el sector de la energía' de 2008, o la comunicación 'Producción sostenible de electricidad a partir de combustibles fósiles con emisiones próximas a cero de CO2 (dióxido de carbono) después de 2020', de 2007.
La decisión del Consejo determina en su artículo 3 que la percepción por las minas de ayudas públicas para cubrir las pérdidas de la producción corriente queda condicionada a su cierre definitivo de acuerdo con un plan que culminará el 31 de diciembre de 2018.
Esta circunstancia afecta de forma negativa a los intereses de las industrias extractivas del carbón implantadas en Aragón, así como al futuro de sus instalaciones y proyectos, ha subrayado el Gobierno aragonés, para el que debería permitirse la percepción de ayudas no vinculadas a un plan de cierre, sino a un plan de competitividad en un horizonte temporal determinado.
Además, la decisión del Consejo de Europa indica que las ayudas van encaminadas a las minas no competitivas, “resultando incoherente determinar qué centros productivos que hayan recibido ayudas durante un tiempo serán o no competitivos a 31 de diciembre de 2018”.
Con ello, ha destacado el Gobierno de Aragón, las explotaciones pueden estar obligadas al cierre por una decisión tomada años atrás, teniendo en cuenta además que el mercado eléctrico es complejo, cambiante y está sometido a circunstancias que actualmente pueden pasar desapercibidas.
“Por todo lo anterior se considera imprescindible la interposición de un recurso de anulación en nombre de la Comunidad Autónoma de Aragón ante el Tribunal General de la UE contra la decisión”, ha subrayado el Gobierno de Aragón.
A juicio de Aliaga, es perjudicial para el carbón aragonés que las empresas que pidan ayudas lo tengan que hacer pensando únicamente en su cierre “y no en el futuro que pueda presentarse para las explotaciones y para un recurso que, tal y como están las cosas en el contexto internacional, está llamado a ser importante e incluso a ofrecer horizontes de competitividad donde ahora no los hay”.
“Si la única posibilidad es el cierre -ha agregado Aliaga-, no hay que pensar mucho para entender que será difícil encontrar empresarios que quieran invertir en unas minas que tienen los días contados, como esta reglamentación europea contempla, lo que tampoco juega a nuestro favor”.
