Villaquilambre espera la sentencia que enfrenta al alcalde y exalcalde por unas obras que empezaron sin licencia
Las elecciones de este año en el cuarto municipio por población de la provincia de León, Villaquilambre, tienen un componente adicional al tradicional avispero que es la política municipal en los últimos mandatos. Y lo es por la posible llegada de una sentencia de un juicio que enfrenta a los dos principales aspirantes, al exalcalde y candidato del PSOE, Jorge Pérez, y al candidato y alcalde del PP, Manuel García.
La semana pasada quedó visto para sentencia la demanda que interpuso Manuel García contra Jorge Pérez por unas presuntas injurias al denunciar que se construía de forma ilegal en un solar propiedad de la familia del alcalde y él mismo. La denuncia del PSOE se remonta a septiembre del año 2021, cuando expusieron que un edificio se había comenzado a levantar en el verano sin las pertinentes licencias en la localidad de Villaobispo. Manuel García anunció entonces la presentación de una demanda por un supuesto delito de calumnias “ya que la falsedad en sus manifestaciones imputando de manera falsa y malintencionada al alcalde Manuel García hechos muy graves constituye un serio atentado tanto en su reputación personal como en cuanto al cargo que representa y cuyas consecuencias se ven agravadas precisamente por su condición de alcalde ”.
La denuncia del alcalde contra su rival socialista versa sobre si las palabras de este último al denunciar el asunto le atribuyeron directamente la responsabilidad de la construcción ilegal y son, por tanto, merecedoras de reproche penal. Al margen de esta cuestión lo cierto es que las obras si empezaron de forma ilegal por parte de la empresa constructora, que reconoció los hechos y pagó una multa de solo 500 euros impuesta por el ayuntamiento por haberlo hecho.
Según fuentes jurídicas consultadas por ILEÓN la parte demandante insistió en que las palabras del portavoz socialista le atribuían directamente estos hechos con los que asegura ya no tenía que ver al haber vendido la parcela antes del inicio de las obras irregulares. La defensa insistió en su responsabilidad por verse directamente beneficiado por la construcción rápida del edificio al tener la venta parte en propiedades de la propia construcción.
Consultados por ILEÓN ambos candidatos y contendientes han preferido esperar a que haya sentencia a pronunciarse sobre el fondo del asunto, que puede ser objeto de recurso.
Si el resultado llega antes de las votaciones, que debería ser lo habitual en condiciones normales, queda ver si esta influye en la campaña electoral debido al posible uso de una condena o absolución según sea el caso. La sentencia, en primera instancia, será recurrible en todo caso.
La situación política del Ayuntamiento de Villaquilambre en los últimos años ha estado marcada por la tensión y la investigación judicial sobre una presunta trama corrupta dentro de Enredaderar, actualmente archivada. La imputación en su momento del alcalde Manuel García llevó a una moción de censura del PSOE que hizo regidor a Jorge Pérez en septiembre de 2018. En las elecciones de mayo de 2019 el PSOE fue el partido más votado pero un pacto del PP con otras tres formaciones devolvió a la alcaldía a Manuel García, que la ha mantenido hasta ahora. Ese pacto dejó a UPL sin representación en Villaquilambre, ya que el histórico Lázaro García Bayón pactó sin el permiso del partido y se convirtió en teniente de alcalde del gobierno del PP, tras haber apoyado meses antes la moción de censura del PSOE.
Multa de 500 euros por iniciar un edificio sin licencia
La polémica que ha llevado a juicio a García y a Pérez se remonta al verano del 2020, en plena pandemia. El 28 de julio la constructora Ophisa pide licencia para levantar en Villaobispo un edificio de 15 viviendas en un solar que cuatro días antes le había vendido el alcalde Manuel García y otros familiares.
Las obras se inician y a principios de septiembre el PSOE denuncia la construcción y su vinculación con el regidor, momento en que se paralizan las obras y el ayuntamiento abre un expediente. La licencia de obras llega finalmente el 1 de octubre. Dos días antes se concluye el expediente de las obras ilegales determinando una multa de 500 euros, que la empresa acepta y paga de forma acelerada. Las obras siguen y el edificio se termina y se comercializa actualmente.
