Urgente: Controlar a los partidos políticos
La política fiscal se encarga de la gestión de los ingresos y gastos públicos. Junto con la política monetaria es una de las principales herramientas de la política económica, por el lado de la demanda, del gobierno para aumentar los deseos de consumo de la economía.
El gobierno actúa sobre los ingresos y los gastos al objeto de influir en los niveles de magnitudes tan importantes para el crecimiento de un país como son la renta, producción y empleo. Lo que caracteriza a la política fiscal es la discrecionalidad con la que puede optar el gobierno a la hora de fijar los niveles de ingresos públicos, eliminando o creando impuestos, y gastos públicos, priorizando entre ellos. Referente a los gastos públicos, la ideología del partido político en el gobierno, establecerá los niveles y la composición en los Presupuestos, en función del programa presentado en la campaña electoral. La elección, para la mayoría de los partidos políticos, se centra en aquellos que tienen un componente más social y tratarán de incidir en los gastos públicos que protegen y desarrollan lo que conocemos como “Estado del Bienestar”.
Entendiendo por “Estado del Bienestar” aquel que busca por encima de todo el progreso material y espiritual del individuo -su felicidad- y la buena convivencia, evitando o minimizando los desequilibrios, económicos principalmente, que puedan existir entre ellos. Para lograr estos objetivos, los responsables de gestionar la política fiscal -poder ejecutivo-, establecen cifras de gastos para partidas tan sensibles con el bienestar individual y colectivo como: las pensiones, prestaciones varias, los servicios sociales, el fomento del empleo, la administración de la seguridad social, el desempleo, el acceso a la vivienda, la sanidad, la educación y la cultura.
Lamentablemente, las aplicaciones del dinero público nos deparan sorpresas desagradables, porqué nada o poco tienen que ver con el bienestar y la convivencia en armonía de los individuos que forman parte del Estado. Una parte de los dineros públicos se desvían hacía objetivos relacionados directamente con la financiación de los partidos políticos y el aumento de la riqueza personal de sus miembros más corruptos. No buscan que la gestión de ingresos y gastos públicos implementen un escenario en el que todos y cada uno de los individuos que viven en el país tengan las mismas garantías y oportunidades de llegar tan lejos como sus aptitudes y actitudes se lo permitan. El fin es apropiarse de la mayor parte de la renta que genera el Estado. Con esta política de extracción de rentas secan las fuentes del crecimiento sostenible del país, a saber : el consumo, el ahorro, la inversión, la producción y el empleo. El escenario que se origina nos mete de lleno en un círculo perverso cuyas características son:
- falta de trabajo y desempleo creciente,
- endeudamiento con el exterior por la imposibilidad de generar suficiente ahorro interno, para las necesidades del país. Hipotecan, por tanto, el crecimiento del país a largo plazo y la calidad de vida de las próximas generaciones.
- empresas con escasa o nula productividad conseguida por la vía de la investigación, el desarrollo y las innovaciones en procesos y/o en productos, no la alcanzada vía reducciones de salarios.
- cierre de empresas,
- aumento de impuestos y
- desequilibrios económicos y sociales más intensos que sitúan al país a un paso del conflicto social.
La pobreza se manifiesta y el pesimismo se extiende a todos los agentes sociales. El esfuerzo realizado por los individuos más productivos y honestos -no los tramposos y vagos de solemnidad que viven del esfuerzo y sacrificio de aquellos- y por las empresas más competitivas y rentables -no de muchas de las empresas, fundamentalmente públicas, que pululan en nuestro país incapaces de ganar dinero con su gestión-, entregando una parte importante de su dinero a la caja común, es merecedor del máximo respeto y de una defensa numantina por parte de la Justicia. Las malas prácticas en su utilización deben de ser ejemplarmente castigadas. La contundencia de las penas impuestas a gestores públicos condenados por los tribunales debe tener un efecto disuasorio para todos aquellos que se dediquen a esta noble actividad de trabajar por los interesesde los demás. No vale con castigar unicamente la conducta delictiva, desleal y defraudadora del gestor con privación de su libertad, es necesario además, la restitución de lo sustraído, con sus correspondientes intereses legales, respondiendo el mismo, como responsable principal, con su patrimonio personal y si no es suficiente, debe de responder, con sus bienes, como responsable subsidiario, el partido político que lo promovió para el cargo. Es urgente que la sociedad se desprenda del autoritarismo, arbitrariedad e impunidad de los Partidos Políticos y se restituya la separación de poderes -ejecutivo, legislativo y judicial-. Montesqieu debe estar más vivo que nunca.
