UPyD insiste que “el expolio de las cajas de ahorro se podía haber detenido desde las instituciones”
Unión Progreso y Democracia en Castilla y León insiste en que “el expolio de las cajas de ahorro se podía haber detenido desde las instituciones de control, tanto nacionales como regionales, y considera que se podía haber evitado la caída de tres entidades financieras solventes entre supuestos sobresueldos, créditos interesados o la pérdida de los ahorros de muchos clientes con la compra de acciones preferentes y deuda subordinada”.
Por ello, este partido apoya las actuaciones de la Fiscalía en el caso Caja Segovia y reitera que los principales imputados en este caso (Javier Santamaría, Juan José Sanz Vitorio, Pedro Arahuetes y Pedro Palomo) deberían abandonar la política lo antes posible, a fin de no perjudicar más la imagen de las instituciones y de los representantes públicos de este país.
En un comunicado, la formación magenta lamenta la opacidad de las antiguas entidades financieras antes y después de su desaparición. En el caso de la antigua Caja Burgos, aseguran que han hecho falta cuatro meses para que la Fiscalía obtuviera toda la información requerida, cuando el plazo para realizar la investigación es de medio año.
“Una falta de transparencia hasta cierto punto esperada, a la vista de la falta de información e impunidad con la que se han gestionado estas entidades y de la imprescindible connivencia de la clase política y de las instituciones de las que forman parte. Instituciones a las que este partido se ha dirigido para demandar información y de las que sólo ha obtenido el silencio como respuesta. Prueba de ello, es que la Junta de Castilla y León no ha respondido aún a la petición que hizo UPyD a la Mesa de las Cortes en junio solicitando información sobre las retribuciones de sus miembros entre los años 2010 y 2012”, argumentan.
El coordinador territorial en funciones, Rafael Delgado, señala que la actuación de los tribunales “muestra los años de mala gestión en las cajas de ahorros, de cómo los intereses políticos y personales sustituyeron a los balances equilibrados y que han malogrado unas entidades centenarias con un marcado fin social”. Delgado también afirma que “hay que acabar con la sensación de impunidad que desprenden los consejos de administración” y advierte que estas acciones legales “marcan el camino que seguirán las investigaciones sobre las mala gestión de las cajas y sobre los órganos de control, nacionales y regionales, que han permitido la misma”.
