UGT pide recuperación poblacional como clave del éxito en la Ley de Ordenación
Más equilibrio entre territorios, cohesión social, inversiones que impliquen actividad económica y puestos de trabajo, medidas para la recuperación de población y compromiso de mantener el empleo público y no aplicar más recortes. Son los ejes de las peticiones que el sindicato UGT hace al Ejecutivo autonómico a la hora de desarrollar la Ley de Ordenación del Territorio. Unos planteamientos que la organización pretende poner sobre la mesa en un foro de interlocución que reclama para conseguir el consenso social global que, subrayan, no tuvo en su gestación y aprobación.
Así lo puso hoy de manifiesto en León el secretario de política institucional y territorial de UGT-Castilla y León, Óscar Lobo, quien participó en la capital leonesa en uno de los encuentros que el sindicato organiza dentro del plan de trabajo que tiene previsto para dibujar el 'mapa' de la situación real de las provincias de la Comunidad de cara a plantear al Gobierno de Juan Vicente Herrera las propuestas que ve necesarias para una correcta puesta en práctica de la nueva normativa.
“La ley se aprobó hace un año pero se pospuso lo concreto para su desarrollo, el qué cómo y dónde; es un proceso de calado y envergadura que va a durar décadas y que va a tener un impacto directo en la población”, señaló Lobo antes de incidir en que para el sindicato primará el desarrollo económico y social en la implantación de la ley. También incidió en que se debe tener en cuenta que la zona oeste de la Comunidad -las provincias de León, Zamora y Salamanca- presentan un grado de desarrollo menor al de la media autonómica, “muy lejos, por ejemplo de la de Burgos”; situación -apuntó- que debe corregirse.
Por eso, UGT pide que se desbloquee el Plan de convergencia interior que permanece 'congelado' hasta que la economía de Castilla y León crezca un 2,5 por ciento y se pueda dedicar parte de dicho plan a activar esa zona más necesitada. También subrayó que la Agenda de la Población es, a su juicio, “un absoluto fracaso” y lamentó que en los años de crisis la Comunidad haya perdido 43.000 habitantes (40.000 de ellos autóctonos). Desde 2000, la cifra de vecinos que abandonaron su residencia asciende a 105.000 en una de las nueve provincias.
El panorama económico al que se enfrenta la nueva Ley del Territorio, destacaron Lobo y el secretario provincial de UGT, Manuel Mayo, es poco halagüeño, con más de 31.000 empleos destruidos y 2.000 empresas cerradas desde el año 2007. El envejecimiento de la población es otros de los males a atajar, destaca el sindicato, que ve la puesta en práctica de la ley como un “gran reto y desafío” para toda la población y especialmente para el mundo rural, que supone más del 50 por ciento de los habitantes de Castilla y León.
