El PSOE pregunta a la Junta por el efecto “estampida” en León de la nueva Ley de Pesca

La procuradora leonesa del Grupo Socialista Teresa Gutiérrez registró hoy en las Cortes de Castilla y León una serie de preguntas para conocer los efectos de la nueva Ley de Pesca en la provincia de León. “Después de un año en el que siguen vigentes la antigua Ley de Pesca y la actual, la Junta, el consejero Silván no ha dado ni un paso en respuesta a las demandas y denuncias del sector, ha hecho caso omiso a la exigencia de derogación que sigue planteando el PSOE y tampoco ha cumplido ninguno de los compromisos de desarrollo de la propia ley”, explicó Gutiérrez.

La parlamentaria autonómica señala que, según recoge el preámbulo del texto legislativo, la ley nacía con el objetivo de que la pesca “contribuya de una manera significativa al desarrollo rural” y pregunta “de qué manera ha contribuido la aplicación de la ley a ese objetivo, mediante qué acciones o actuaciones y cuáles son los criterios de evaluación”.

También inquiere al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera sobre las medidas que va a adoptar para recuperar la imparable caída de licencias, según las informaciones publicadas recientemente en las que se cifra en 80.000 el descenso del número de pescadores en toda la comunidad, 15.000 de los cuales podrían corresponder a la provincia de León. “Queremos conocer cuál es la dimensión real de esta estampida y qué relación tiene con la nueva Ley de Pesca, impuesta por la mayoría absoluta del PP con el voto en contra del PSOE y del Grupo Mixto y la oposición de todos los agentes del sector”, apunta.

La Ley de Pesca de la Consejería de Fomento Medio Ambiente, explica el PSOE, establece un sistema de carácter jerárquico, presidido por el Plan Regional de Ordenación de los Recursos Acuáticos, seguido de los Planes Técnicos de Gestión definidos para las distintas cuencas y subcuencas. También contempla planes de pesca específicos para los distintos tramos de pesca pública y otros de aprovechamiento de las aguas de pesca privada. Asimismo, habla de la necesidad de establecer la Red de Seguimiento y Control de las Poblaciones Acuáticas de Castilla y León. Teresa Gutiérrez pregunta por la situación de todos estos planes. “Sabemos que no se ha hecho nada en todo este año pero queremos oírlo de boca del consejero”, añade.

Asimismo, la norma preveía cauces para la participación de los sectores y organizaciones sociales relacionadas con la pesca, a través de los consejos de pesca, autonómicos y territoriales. “¿Cuál es la situación de los reglamentos que desarrollan estos consejos?”, pregunta la parlamentaria leonesa, que también quiere conocer los resultados de la acción sancionadora, de acuerdo al régimen establecido en la nueva ley. Gutiérrez también pregunta por la figura de los vigilantes de pesca recogida en el texto legislativo: “¿Cuántas plazas de vigilantes de pesca se han creado cómo se han provisto?”, plantea.

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ya llevó a la Cámara autonómica en septiembre la exigencia para que la Junta derogara la Ley de Pesca. La petición, que previamente había logrado en mayo el respaldo unánime de todos los grupos en la Diputación Provincial de León, fue votada mayoritariamente en contra por el PP. La moción argumentaba que la nueva reglamentación ha contado con un fuerte rechazo social, muy especialmente en el medio rural, ya que los pescadores tradicionales son los más afectados al no poder practicar la actividad en los tramos libres de los ríos de sus pueblos. La nueva ley, detallan, no afecta a los cotos de pesca, donde, previo pago, se permite pescar cuatro truchas por pescador y día.

La principal novedad de la nueva ley es que la pesca se hace sin muerte y, únicamente, a mosca y a cucharilla, en la práctica totalidad de los ríos, reservando unos pocos tramos para la pesca tradicional, con un cupo de dos truchas y con un acceso limitado a unos pocos pescadores al día. Ello, según denunció en su día el PSOE, provoca que miles de pescadores leoneses tengan que salir fuera a practicar esta actividad con el efecto que ello tiene en sectores como el turismo, la hostelería o la fabricación de equipos de pesca.

La pesca aporta al PIB autonómico 60 millones de euros al año con sus actividades económicas asociadas. Además, hay que tener en cuenta que León, con 3.000 kilómetros de ríos trucheros, es un referente mundial en este deporte y que la provincia concentra casi 25.000 de las cerca de 120.000 licencias existentes en la comunidad. Igualmente, la nueva ley, según el PSOE, amenaza con destruir el modo de pesca tradicional leonés, abocando a la desaparición de los criadores de gallo, y los montadores artesanos de mosca, así como de la especie única en el mundo del gallo de pluma de León.