El PSOE pregunta a la Junta por el coste adicional de la aplicación de la reforma local

El proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local encara la recta final en el Senado y el portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, ha elegido la reforma local en su pregunta en el pleno, que comienza mañana por la tarde, al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en una sesión que aprobará la ley de Pesca, convalidará el Decreto-ley de ayudas de urgencia a las familias por la crisis y rechazará la creación de una comisión de investigación por la obra en los Cuestos de la Mota (Benavente).

Unas horas después de que el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, presente en la Comisión General de las Autonomías del Senado la posición de Castilla y León sobre la reforma local, el pleno de las Cortes se abrirá con la pregunta de López en la que pide al presidente del Ejecutivo el coste adicional por la aplicación de esa ley. El Gobierno autonómico valoró en 382 millones el extra de ese proyecto, en las enmiendas remitidas el 26 de septiembre a los grupos del Congreso.

La sesión de control contará además con un bloque de sanidad para conocer por qué se aumenta a 50 años la prueba de las mamografías, si se mantiene la definición de público para el Hospital de Burgos y por la privatización de aparcamiento del Hospital de Segovia, formuladas por los procuradores socialistas. El mismo grupo se interesa por los vertidos al Parque Natural Lago de Sanabria, por la autovía León-Braganza, por la superficie comprada por Ade Parques en el polígono de Portillo y por la doble prestación de ayudas vinculadas a la dependencia.

El portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), preguntará al presidente por los planes de la Junta para evitar la destrucción de empleo en las empresas de la Comunidad. Además, se interesará por el momento en que aplicará la Consejería de Educación el programa Madrugadores y tardes en el cole. Su compañero de bancada, Alejandro Valderas (UPL), requiere información de la calidad del centro de tratamiento de residuos de San Román en León.

En el apartado de proposiciones no de ley, el Grupo Popular pedirá al Gobierno que se mantenga la vigente incompatibilidad del ejercicio simultáneo por la misma persona de las profesiones de abogados y procurador de los tribunales, en la tramitación del anteproyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales. Se trata de evitar conflictos de intereses entre abogados y procuradores y de preservar la independencia e imparcialidad, argumenta este grupo, que se opone a que ese ejercicio sea compatible, como recoge el texto.

El Grupo Socialista presentará al debate tres proposiciones no de ley en las que insta a la Junta a establecer una línea de ayudas autonómicas de compensación a las suprimidas por el Gobierno a la subsidiación de préstamos en la contra de vivienda, y al abono a los empleados públicos de la parte de la paga extraordinaria de Navidad de 2012 devengada y no percibida al entrar en vigor el Real-Decreto del Gobierno. También, dirigida al Ejecutivo central, quiere que se mejore el Salario Mínimo Interprofesional.

Ley de Pesca

La nueva normativa de Pesca de Castilla y León, cuyo proyecto de ley aprobó el pasado mes de abril el Consejo de Gobierno y salvó una enmienda a la totalidad de los grupos de la oposición, prioriza la Comunidad como destino turístico nacional e internacional de los aficionados a esta práctica y abre la posibilidad de que hoteles y casas rurales tengan asignados permisos turísticos de pesca para ofrecer a sus clientes, pero no contará con el apoyo de la oposición.

Otra de las novedades es la creación de la figura de Especies de Interés Preferente en el que se encuadran las especies autóctonas con valor ecológico o deportivo especial, estableciendo con carácter general la práctica de la pesca sin muerte, salvo que se asegure su adecuado estado de conservación.

También se establece un régimen de infracciones que va desde sanciones de 100 a 60.000 euros y la retirada de la licencia en función de si son leves, graves o muy graves. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, reconoció que se han adecuado al momento actual y recordó que antes no existía una multa tan elevada ni la retirada del permiso.

Junto a las dos enmiendas a la totalidad, el Grupo Socialista registró más de un centenar de propuestas parciales, UPL 38 e IU 33, como prueba de que la ley remitida a las Cortes está alejada de los planteamientos de la oposición. La portavoz socialista, Ana Muñoz de la Peña, explicó a Ical que todas las enmiendas van al pleno y el voto de sus grupo de rechazo a la ley.

Comisión de investigación

Además, el Grupo Popular se opondrá a la creación de una comisión de investigación, segunda pedida por el PSOE en esta legislatura, sobre todo el proceso de elaboración, contratación, adjudicación, ejecución, seguimiento y circunstancias relativas al posterior derrumbe del proyecto y obra de mejora de accesibilidad en los Cuestos de la Mota de Benavente (Zamora).

Un corrimiento de tierra desplomó el pasado mes de marzo, sin que se produjeran daños personales, la zona central de Los Cuestos de la Mota en Benavente (Zamora), que desmontó parte de la pasarela. Ante las denuncias de la oposición de posibles irregularidades, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, rechazó la posibilidad de que no se hubieran realizado los estudios previos de consolidación del terreno antes de instalar la pasarela de accesibilidad.

En el escrito de petición de la comisión de investigación, el Grupo Socialista argumenta que no están claros los criterios sobre la solvencia de los licitadores, que en el contrato por procedimiento abierto no se permiten evaluar las ofertas, que no consta el último recibo del Impuesto de Actividades Económicas del licitador, que el contrato no se comunicó al Consejo de Cuentas ni al registro de contratos del Ministerio de Economía y Hacienda.

Ayudas por la crisis

Por unanimidad de la Cámara se ratificará el Decreto-ley por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis y en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. El acuerdo se formalizó la pasada semana en una reunión en las Cortes entre el presidente de la Junta y los portavoces parlamentarios, que se suman así al pacto social.

De esta manera, se blindan por ley las ayudas de emergencia, recogidas en la Red de Protección, donde se encuentran las relativas a la vivienda, con fondos para hacer frente a impago de hipotecas o alquiler para evitar el desahucio, a alimentos para evitar la desnutricción, en especial la infantil, el fondo de la pobreza y los cambios para agilizar la renta de ciudadanía.