El PSOE denuncia que Carracedelo debe pagar 35.000 euros por ignorar una sentencia de una obra
El PSOE en el Ayuntamiento de Carracedelo denunció este jueves la forma de hacer política “prepotente y temeraria” del equipo de gobierno que encabeza Raúl Valcarce (PP) y que costará 35.000 euros a las arcas municipales por ignorar una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de León y un dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, que ordenaba la anulación de una cláusula en el contrato de la remodelación del Consistorio que cargaba la dirección de la obra a la empresa constructora.
Según informó el portavoz socialista, Mario Arias, la constructora Basante solicitó la revisión de oficio de esa cláusula por entender que “no era legal” y que la dirección de obra -con un coste de unos 15.000 euros- debía ser asumida por el Ayuntamiento al ser una obra municipal. Una solicitud que fue ignorada y que acabó en los tribunales, que en una primera sentencia ya le condenó “a iniciar y tramitar el procedimiento administrativo de revisión de oficio” en un plazo máximo de cuatro meses.
Pasado ese plazo, el Consistorio no realizó la revisión y cerró el procedimiento porque entendió que estaba caducado la haber pasado más de seis meses de su apertura. Un hecho que obligó al Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de León a emitir una nueva sentencia en la que entiende que “ la condena a iniciar y tramitar el procedimiento de revisión de oficio no se cumple con una resolución que se limita a declarar la caducidad” y que “al examen de todas las actuaciones parece apuntar que el Ayuntamiento ha dejado deliberadamente caducar el procedimiento con la finalidad de no cumplir la sentencia”.
“En definitiva, el Ayuntamiento de Carracedelo ha incumplido el plazo fijado la sentencia, lo que en ella se ordena y continua con su actitud dilatoria”, apunta la sentencia que en su fallo condena al Ayuntamiento de Carracedelo a asumir los gastos derivados de la anulación de esa cláusula y también al pago de las costas por “temeridad” en todo el proceso, al tiempo que ordena la apertura de una pieza separada en la que se dirimen las responsabilidades en cuanto al incumplimiento de esta sentencia con cargo al patrimonio personal del alcalde.
Arias lamentó la actitud del alcalde, Raúl Valcarce, que “supondrá a los vecinos un desembolso total de unos 35.000 euros”, derivados del pago de la devolución de los gastos generados por la anulación de la cláusula, la solicitud de los intereses de demora por parte de la constructora y las costas del juicio.