PSOE: “Si el conflicto de la limpieza sigue adelante será responsabilidad del alcalde”
La portavoz socialista Maria Rodríguez destacó que “si el conflicto de la limpieza sigue adelante será responsabilidad únicamente del alcalde” que ha aplicado la política de hechos consumados en el recorte a un servicio esencial sin “convocar siquiera la Mesa de Negociación”. Tras una reunión de trabajo con los comités de empresa de Emilsa y Urbaser, la edil socialista, destacó su apoyo a los trabajadores que, señaló, “tienen y realizan propuestas para aplicar medidas de ahorro en las empresas pero que ni siquiera han sido escuchadas por el equipo de gobierno”.
María Rodríguez subrayó que existen distintas opciones para conseguir ahorrar en este servicio esencial, como tienen claro los trabajadores, “pero el alcalde ha aplicado una política de hechos consumados de recorte que desde luego no garantiza lo básico que el mantenimiento del empleo, que es irrenunciable”.
La portavoz del Grupo Municipal Socialista destacó que el alcalde no puede, como ha hecho en sus declaraciones, desligarse del conflicto y de los trabajadores porque “estamos hablando de una empresa pública en el caso de Emilsa y de una concesión municipal en el caso de Urbaser. Es responsabilidad del Ayuntamiento como también lo es que no se produzca una huelga en un servicio tan importante para los ciudadanos de León como es la limpieza y la recogida de basuras”.
“De nuevo -manifestó Rodríguez- Emilio Gutiérrez vuelve a faltar a la promesa electoral que les hizo a los leoneses y las leonesas y no cumple con su compromiso con las que fueron sus banderas programáticas: el empleo, la limpieza y el diálogo. Cada día se confirman sus mentiras”.
Rodríguez y la concejala responsable del área de Empleo del Grupo Municipal Socialista, María José García, se reunieron esta mañana por espacio de una hora y media con los miembros de los comités de empresa de Emilsa y Urbaser a los felicitaron por su cautela y su disposición a alcanzar a acuerdos que eviten el conflicto aunque estos supongan una reducción de sus condiciones económicas o laborales.
“Lo que no podemos aceptar nadie, como ha ocurrido con todo el plan de ajuste del equipo de gobierno son medidas de dudosa legalidad y ahorro, que se aplican sin consenso y sin barajar otras posibilidades que podrían ser alternativas sin tanto coste para los trabajadores y, por supuesto, para la ciudadanía”, indicó María Rodríguez.
