El PP denuncia el pago de facturas irregulares por más de 160.000 euros
El Partido Popular en el Ayuntamiento de León denuncia la aprobación de nuevos pagos “irregulares” por parte del equipo de gobierno PSOE-UPL en el primer trimestre del año 2011, que superan los 160.000 euros. Así lo demuestra la tramitación -“realizada de forma no legal”, asegura- de las facturas aprobadas en Junta de Gobierno Local con informes desfavorables de la Intervención Municipal.
Así lo asegura en una nota de prensa en la que explica que se trata de seis facturas, en las que -en todas ellas- el informe de la Intervención es desfavorable, basándose en la “falta de procedimiento de contratación legalmente establecido” para el suministro de la cuestión contratada. De hecho, la propia Intervención señala en sus informes “estar ante un expediente que no corresponde con un gasto autorizado y previamente fiscalizado, dada la ausencia de expediente de contratación en vigor”.
En este sentido, los 'populares' desaprueban las “artimañas y fechorías” llevadas a cabo por el regidor socialista, como la fragmentación de facturas sin respetar así el procedimiento administrativo obligatorio como es el concurso público. “Esto perjudica no sólo al Consistorio, sino también a las empresas leonesas, ya que las compras o servicios se adjudican a 'dedo' sin que exista un proceso concursal justo, según exige la Ley”.
Para el PP, el gobierno de la ciudad requiere, en primer lugar, respeto por la legalidad vigente y por los ciudadanos, y después, “mucha seriedad” en el trabajo, por lo que los populares lamentan profundamente que el alcalde tome el Ayuntamiento de León como “su cortijo particular al que cree dirigir bajo la Gestión de la Mentira”.
Con todo, recuerda que “no se trata de la primera vez”, ya que desde enero de 2010 hasta la actualidad las Juntas de Gobierno Local han dado luz verde a facturas “realizadas al margen de la legalidad” por más de 1,5 millones de euros. De hecho, incide, “esto demuestra que el alcalde y su equipo de gobierno PSOE-UPL juegan a esquivar y a eludir los parámetros de la Ley de Contratos del Estado o la gestión que requiere toda administración pública”.
Ante todo esto, el PP incide que esta situación pone de manifiesto que los presupuestos municipales no reflejan la veracidad de la situación económica del Consistorio, “ya que las compras o suministros no han seguido un procedimiento legal”; que el famoso Plan de Ajuste socialista de Reducción de Gastos “no fue más que una mera declaración de intenciones”; y que a la vista de estas facturas “no sólo sigue incrementándose la deuda municipal, sino también las facturas guardadas en los cajones”.
