El PP aprueba en solitario la ley de reforma de la Administración autonómica
Las Cortes aprobaron hoy el proyecto de ley de medidas para la reforma de la Administración de Castilla y León con la que se adapta a la realidad de lo que piden los ciudadanos para contar con unos servicios públicos más ágiles, eficaces, sencillos y transparentes, según defendieron el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y los procuradores del PP Salvador Cruz y Jesús Ángel Peregrina, quienes acusaron a la oposición de inmovilismo por su voto en contra.
En el debate ante el pleno, la socialista Ana Redondo, el popular Salvador Cruz y José María González (IU) se reprocharon la falta de consenso en un texto analizado en el periodo de verano. “Cuando la Junta quiere el acuerdo, se logra”, afirmó la primera. “No han tenido voluntad de consenso, porque no iban a sacar una rentabilidad política”, aseveró el segundo. “Salió del horno de la Junta para que fuera la ley de Castilla y León, es un proyecto bulldozar”, calificó González.
Precisamente, el consejero de la Presidencia cerró su intervención, en la presentación de la ley, con la advertencia de que no adaptarse a la realidad social lleva al retroceso, la inoperancia y el inmovilismo, y subrayó que eso no lo quiere el Ejecutivo. El proyecto, según De Santiago-Juárez, agiliza la respuesta a los ciudadanos, simplifica el trámite administrativo e introduce medidas organizativas para ganar en eficacia y eficiencia, como en el caso de la concreción y delimitación de las encomiendas de gestión.
La ley, que contó con 86 enmiendas del PSOE, 36 de IU y 20 de UPL, sale de la Cámara con escasas modificaciones, ya que sólo se han recogido tres de los socialistas, otras cinco transaccionadas y dos de UPL. Redondo, que tildó el texto de “desaguisado normativo”, afirmó que sólo se han recogido el 17 por ciento de sus propuestas y Cruz respondió que el 47 por ciento eran de supresión, sin “aportar nada”. Ninguna se atendió de IU, de lo que se quejó González.
Entre las enmiendas recogidas, se encuentran reforzar el papel de las Cortes en el control del Ejecutivo con su informe de la Cooperación al Desarrollo y Plan de Carreteras, la motivación de las libres designaciones y la regulación del personal de Sacyl en su acceso a un puesto institucional para que no pierdan derecho ni mermen su retribución.
Opacidad y falta de transparencia
En sus enmiendas, Redondo defendió la reforzar la profesionalidad de los empleados públicos, limitar las libres designaciones y regular por decretos la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Además, potenciar lo público y reducir o suprimir la administración B, que tildó de “saco sin fondo”, así como evitar que se vulnere la ley con la supresión de órganos de participación.
“Se da un hachazo a la participación ciudadana y a la transparencia con una administración más opaca”, criticó Redondo, que cuestionó la información a través de la web del Gobierno Abierto de la Junta. “Se sustituye la transparencia por un medio como es una web”, aseveró, con una cita a un informe del Consejo de Cuentas.
En la misma línea, González manifestó que no es el instrumento más eficaz en una comunidad extensa y envejecida a la que no llega internet en muchos lugares de Castilla y León. El procurador de IU tildó de “antidemocrático” el recorte de la información y participación y cuestionó el “abuso de la movilidad temporal”. Desde el PP, tanto Cruz como Peregrina defendieron que es un proyecto participado con colectivos, representantes de la función pública y grupos políticos.
Encomiendas de gestión
Los portavoces de la oposición rechazaron que se avance en una administración más ágil, estimaron que se camina a la privatización de los servicios, censuraron que se recorta la participación ciudadana en la toma de decisiones y criticaron que no se limite la administración b. Redondo, González y Alejandro Valderas (UPL) cuestionaron la regulación de las encomiendas de gestión como una “vía de corruptela e irregularidades en la función pública”.
La procuradora socialista leyó lo que dice el Consejo de Cuentas en relación a las encomiendas de gestión en el caso del Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León) y y concluyó que “se abre la puerta a irregularidades en la financiación de proyectos de la administración b”. Salvador Cruz replicó que ese instrumento de la función pública se reguló con gobierno socialista para optimizar los recursos y añadió que donde gobierna el PSOE, como Andalucía, el sector público es más amplio.
La normativa modifica 44 leyes y se estima un ahorro de 280 millones de euros en la Administración autonómica. Entre las novedades, está la reducción del 50 por ciento por el pronto pago en multas, algo que para la oposición supone una merma de ingresos, mientras que el consejero de la Presidencia afirmó que se reduce la litigiosidad y que no tiene un afán recaudatorio, dado que sólo supone un 0,1 por ciento del total de los ingresos de la Comunidad.
