El PAL apunta a un uso indebido de fondos en el Ayuntamiento de Astorga
El PAL no se da por vencido en la fiscalización de la partida económica destinada a gastos protocolarios y de representación de la Alcaldía de Astorga. Después del cruce de opiniones y escritos publicados por los medios de comunicación en donde la alcaldesa se defendía asegurando que “el dinero asignado a la partida citada no es para la alcaldesa sino para atender gastos de representación, en los que se han de incluir atenciones por eventos y otras actividades”, este miércoles uno de los despachos con mayor actividad en el Ayuntamiento de Astorga ha sido el del leonesista PAL.
Sobre la mesa del despacho del grupo liderado por Pablo Peyuca González estaba desplegada parte de la documentación solicitada a los servicios económicos del Ayuntamiento sobre los gastos realizados con cargo a esa partida durante toda la legislatura, para ser revisada por un 'sabueso' en este tipo de investigaciones: el secretario de Organización del PAL, Francisco Gómez, el político que siguió en solitario con la denuncia contra Isabel Carrasco hasta lograr que la imputaran por cobrar los gastos de desplazamiento de León a Madrid a los consejos de administración de Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa), empresa participada por Caja España hasta noviembre de 2010, cuando iba supuestamente en el coche oficial.
El grupo del PAL ha puesto en conocimiento de su partido a efectos de estudio y puesta a disposición judicial una serie de gastos “de interés general en intereses privados. Cuando se gasta el dinero público en intereses privados eso tiene un tipo delictivo: malversación”, ha puntualizdo Francisco Gómez. Todo parece indicar que el objetivo que está persiguiendo el PAL es demostrar “cómo la alcaldesa, presuntamente, se está promocionando personal y políticamente con dinero público”, ha señalado. Sin querer desvelar, por el momento, las posibles anomalías que se está encontrando en estos primeros pasos de la investigación, Gómez aclara que la ley y la jurisprudencia definen que los gastos de representación y protocolo son los que generan el cargo y los concejales del equipo de gobierno fruto del desarrollo de su actividad.
La formación política a nivel provincial ha puesto en el punto de mira a la alcaldesa de Astorga y parece que van a ir a por todas en este asunto, porque el hecho de que sea Francisco Gómez quien se haya puesto a la cabeza de la investigación indica que van a ir hasta el fondo. La máxima de este político que comenzó militando en las filas del PP es que no basta con denunciar en un pleno o en un periódico “hay que ir más allá porque si no es encubrir un delito. Si tú crees que algo es delictivo, que hay una responsabilidad penal, tienes que ir más allá porque si no nos convertimos en cómplices”. Gómez es el concejal del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo que mantiene abiertas cuatro causas contra el alcalde Gregorio Chamorro (PP) que están siendo investigadas en cuatro juzgados de instrucción y por la Fiscalía, además de las dos denuncias contra el concejal de Deportes del municipio del Alfoz de León. Francisco Gómez también logró la dimisión de la concejala de Educación, Teresa Lage, tras conocerse sus deudas por impago de los impuestos de bienes inmuebles (IBI), basuras y vehículos en los últimos cinco años, además de multas de tráfico.
Según Pablo Peyuca González la investigación está encontrando numerosas dificultades “para conseguir la información. Exigimos que se nos atienda como establece la ley porque soy un representante público y mi obligación es fiscalizar” la gestión del gobierno municipal, “cada vez que solicitamos información pasan semanas y semanas hasta conseguirla, pero repito, estoy en mi derecho de fiscalizar”.
