El ministro de Justicia dice que “con toda seguridad” el 1 de enero los trámites judiciales se harán sin papel
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comprometido este viernes en León que su ministerio tiene en funcionamiento una serie de reformas procesales que pretenden agilizar la Justicia española y hacerla “más ágil y cercana al ciudadano”. Como asignatura pendiente ha reconocido la “carencia muy importante” y el “déficit” que existe en cuanto a la implantación de las nuevas tecnologías en la Justicia.
En este sentido ha asegurado que el 1 de enero de 2016 es la fecha límite para que “todas las comunicaciones entre abogados, procuradores y tribunales sean electrónicas” puesto que la ley de enjuiciamiento civil que se encuentra en el Parlamento para su aprobación definitiva fijará esa fecha como tope para lograr una administración de Justicia “con papel cero”.
“Esto no es una opción, vamos a tener que hacerlo porque la ley nos va a obligar, es el compromiso que nos hemos puesto y todo el trabajo que se esta realizando en la actualidad se basa en hacer pruebas, comprar equipos, instalar procedimientos y dar cursos de formación para que se garantice con toda seguridad que el 1 de enero ese papel cero va a ser una realidad en todos los juzgados y tribunales”, ha asegurado este viernes en declaraciones a los periodistas.
Nuevo Código Penal
El nuevo Código Penal, que entrará en vigor en tres semanas, establece que todos los operadores jurídicos, abogados, jueces y funcionarios “van a tener que hacer un esfuerzo de adaptación” así como de estudio, aunque en este punto ha reseñado que los profesionales de la Justicia “están aprendiendo permanentemente”.
“La sociedad cambia y las leyes y los profesionales tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias”, ha agregado.
Ley de enjuiciamiento criminal
“Esta enmienda que propuso Convergència i Unió y apoyó el PP se ha desenfocado”, ha comenzado a explicar Catalá en relación con la polémica surgida recientemente al quejarse algunos medios de comunicación de que esta modificación podría coartar la libertad de información.
“Si uno lee lo que dice la enmienda, dice que se tomarán las medidas que garanticen los derechos constitucionales a la imagen y a la intimidad y nadie estará en contra de que se adopten en el ámbito procesal medidas que garanticen los derechos constitucionales de las personas que participan en un proceso judicial”, ha dicho.
Catalá ha agregado que es “obvio y evidente” que “cuando el PP vio una enmienda que reforzaba la protección de derechos” le pareció que era “digna de ser apoyada”.
“Creo que se ha generado una polémica porque los medios han considerado que desde ahí podría venir una cierta limitación a su actuación y sin embargo, si uno se lee la emienda y conoce el origen y la motivación de esa emienda, a quien va dirigida es a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. No tiene nada que ver con ninguna limitación al derecho a la información en absoluto”, ha asegurado.
