Luz verde al Plan de Residuos autonómico

El Plan de Residuos de Castilla y León, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, integra en un único documento la prevención, la gestión y el desarrollo sostenible, económico y social, se marca una reducción del 10 por ciento en la cantidad global de desecho en 2020 y deja abierta la ubicación de futuras instalaciones a lo que marquen los criterios, a diferencia del anterior proyecto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, destacó la importancia de la sensibilización y formación para la reducción de residuos, recordó que es un ejercicio que corresponde a todos y resaltó que el sector es clave para la economía de la Comunidad, dado que genera 10.000 empleos y aporta el 2 por ciento al PIB de Castilla y León.

El plan recoge todos los residuos, domésticos, comerciales, industriales -no peligrosos y peligrosos-, de construcción y demolición, residuos sujetos a legislación específica -vehículos fuera de uso y residuos sanitarios-. Los residuos sujetos a la responsabilidad ampliada del productor se refieren a la fabricación de envases, pilas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceites usados y neumáticos fuera de uso. Los fabricantes de estos productos están involucrados en la prevención, y en la organización de la gestión de este tipo de residuos adquiriendo responsabilidad más allá del consumo del producto o de su vida útil.

En este sentido, el productor deberá diseñar los productos con reducción de impacto ambiental, deberá producir, etiquetar y comercializar productos aptos para usos múltiples, duraderos y fácilmente reciclables. Asimismo, deberá aceptar la devolución de productos reutilizables, establecer sistemas de depósito que garanticen el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento, aceptar la corresponsabilidad en el desarrollo sostenible y la gestión del residuo, utilizar materiales procedentes de residuos en la fabricación de los productos e informar sobre la repercusión económica en el producto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada del producto.

Ubicación

El plan recoge criterios de ubicación para la identificación del emplazamiento de futuras instalaciones de gestión de residuos, a diferencia del plan anterior que exigía una ubicación concreta. Los criterios básicos de emplazamiento pretenden lograr la mejor adecuación entre la actividad y el entorno, asegurar el cumplimiento legal, minimizar los impactos y riesgos ambientales, sanitarios y sociales y alcanzar una alternativa económicamente viable y sostenible, según la Junta.

Así, se marcan restricciones físicas en áreas inestables con riesgo de deslizamiento de tierras, zonas cársticas, inundables, zonas de dominio público hidráulico y zonas de captación de aguas para abastecimiento. En cuanto a las ecológicas son aquellas en zonas húmedas catalogadas, espacios naturales protegidos, patrimonio histórico-cultural, áreas protegidas internacionalmente, zonas naturales de esparcimiento, zonas de fauna y flora protegida y catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia. En cuanto a factores humanos y sociales se refiere a zonas residenciales y a calidad del aire.

El plan establece dos programas transversales comunes a todos los tipos de residuos relacionados con la prevención, la información y el control. En lo relativo a la prevención se pretende favorecer la aplicación de técnicas y tecnologías, actuaciones de sensibilización e información, fomentar la reutilización del producto y reducir la cantidad y nocividad del residuo.

En este sentido, cabe destacar el objetivo de mantener la tasa de recogida de residuos domésticos en una cifra inferior a 470 kilos/persona/año y reducir la cantidad global de residuos en un 10 por ciento en 2020 y en un 10 por ciento en el caso de los residuos domésticos que son enviados a vertederos.

El programa de residuos domésticos y comerciales pretende mejorar los niveles de reutilización, incrementar la recogida separada incluida la ropa usada, textiles y biorresiduos, la cantidad de residuos recogidos en los puntos limpios y reducir la cantidad de residuos domésticos enviada a vertederos.

El programa de residuos industriales peligrosos pretende identificar para cada tipo de residuo la forma de valorización y eliminación más adecuada, asegurar la autosuficiencia de Castilla y León en la eliminación de residuos y adecuar los puntos de recogida y almacenamiento de aceites usados en el medio rural.

El programa de residuos industriales no peligrosos pretende garantizar el principio de responsabilidad del productor, impulsar la recogida separada del papel, metal, plástico, vidrio y madera y evitar la eliminación de residuos en vertederos domésticos. En cuanto a los bioresiduos, favorecer la recogida separada, el tratamiento diferenciado e impulsar el uso de compost producido a través de este residuo. También se pretende impulsar los centros de transferencia en los polígonos industriales y mejorar la gestión de los lodos.

El programa de residuos de construcción y demolición establece como prioridad la prevención en la generación de los residuos, alcanzar un rendimiento en las plantas de tratamiento de este tipo de residuos del 75 % en 2015 y favorecer la restauración de espacios degradados con residuos inertes así como el fomento de mercados secundarios para áridos reciclados.

Finalmente, el programa de mejora del modelo de gestión establece los SCRAP -Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor- que realizarán un informe bianual del plan para su seguimiento y favorecerán la mejora en el tratamiento de los residuos de las pilas, productos eléctricos y electrónicos citados anteriormente.

Empleo

La gestión de residuos emplea a más de 10.000 personas en la Comunidad, que coloca a Castilla y León la quinta del conjunto de España en generación de empleo en el sector. De hecho, la gestión de residuos es la actividad con mayor peso en el empleo en actividades económicas vinculadas al medio ambiente, concentrando más de una cuarta parte del empleo verde total en el conjunto de España. La gestión de residuos aporta un 2 por ciento al PIB de Castilla y León.

En 2012, se generaron en Castilla y León 990.781 toneladas de residuos domésticos, lo que supone una tasa media de algo más de 1 kilo por persona y día y 389,14 kilos por persona al año. En 2013, se contabilizaron 158 instalaciones para el tratamiento de residuos peligrosos y 304 trasportistas de este tipo de residuos, así como 369 instalaciones para residuos no peligrosos y 1.393 transportistas de este tipo de residuos.

En cuanto a residuos peligrosos, en el año 2010, se han producido 165.792 toneladas, valorizándose 244.104 y eliminándose 104.766 toneladas. La valorización de este tipo de residuos con respecto al año 2009 experimentó un crecimiento del 18,5 por ciento.

En 2010, se produjeron 1.163.113 toneladas de residuos no peligrosos valorizándose 1.282.650 toneladas y eliminándose 100.050 produciéndose también un incremento en la valorización con respecto al año 2009 -1.079.267 toneladas- mejorando en un 76 por ciento la eliminación de estos productos al pasar de 433.895 toneladas en 2009 a sólo 100.050 toneladas en 2010.