La Ley de Ordenación del Territorio autonómica, vista para votación

La Comisión de Presidencia de las Cortes aprobó este viernes con los votos de PP y PSOE y la abstención del Grupo Mixto el proyecto de ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que pasa así para su aprobación por el próximo pleno de la Cámara con el mantenimiento firme del pacto entre los partidos mayoritarios y la modulación de la posición de IU, que mantiene sus diferencias sobre el papel de las diputaciones y pide avances en el modelo de comarcas.

En la sesión de esta mañana, se aprobaron cinco enmiendas transaccionadas por PP y PSOE y se retiraron ocho de los socialistas, si bien los populares dejan abierta para el plenario la posibilidad de recoger la propuesta socialista sobre los trabajadores afectados por esta ley. De las 167 enmiendas del Grupo Socialista, 108 han tenido “encaje” en el texto, aseguró el popular Juan José Sanz Vitorio, quien añadió que seis de cada diez propuestas socialistas estarán en la ley. De esta manera, al pleno llegarán vivas 59 enmiendas del Grupo Socialista, 100 de IU y 34 de Unión del Pueblo Leonés.

Sanz Vitorio destacó la lealtad y el cumplimiento del pacto que han presidido los trabajos en ponencia y comisión y subrayó que la ley, conforme a ese acuerdo parlamentario de junio, defiende la existencia de todos los municipios y de las entidades locales menores, impulsa la unión voluntaria de los municipios en las mancomunidades de interés general, avanza en la financiación local e implica a las Cortes en el desarrollo de la ley, al exigir mayoría reforzada de dos tercios para la aprobación de los mapas de unidades básicas de ordenación y de áreas funcionales.

“No es el modelo territorial del PSOE pero mejora la calidad de vida de los ciudadanos en el territorio y es un compromiso de comunidad para las futuras generaciones”, explicó el socialista Francisco Ramos, quien destacó que no habrá supresión de servicios en el periodo transitorio y desarrollo de la ley.

El procurador socialista enmarcó “lo más relevante” en la ampliación del marco de la ordenación territorial a todos los servicios como la agricultura, ganadería, economía, empleo y equipamientos culturales y no sólo a la sanidad, educación y servicios sociales como recoge el texto remitido por la Junta. También, destacó que se incorporen estándares de garantía para medir la equidad en los servicios públicos y que el futuro mapa se recoja en el Plan Estadístico de Castilla y León.

Además, destacó que se refuerza la pluralidad política, institucional y territorial de las mancomunidades, la autonomía municipal y la existencia de las entidades locales menores, que mantendrán su patrimonio propio y comunal que podrán destinar a la financiación de servicios. Ramos resaltó que se recojan dos instrumentos de convergencia como el Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de Convergencia Interior. El procurador se mostró satisfecho por que “se ha reforzado todo lo que se podía” a las entidades locales menores.

En cuanto a lo que queda para el pleno, el socialista apuntó a mayores garantías para los empleados de los servicios afectados por la ley y “mayor blindaje a los desmanes” de la reforma local presentada por el Gobierno. Ramos recordó que la iniciativa del Ejecutivo central apuesta porque las diputaciones sustituyan a los ayuntamientos y el texto de la Junta se centra en la colaboración y asesoramiento a los municipios.

“No se ha tocado ni un pelo el papel preponderante de las diputaciones”, afirmó José María González en la defensa de sus enmiendas, todas ellas rechazadas. También, calificó de “vaga e insuficiente” la mención a las comarcas así como la defensa que se hace de las entidades locales menores. El parlamentario reconoció una mejora global de la ley durante su paso por la Cámara y expresó su disposición para trabajar hasta el final en las propuestas. “Bien la abstención u otro voto puede llegar al pleno”, aseveró, para recordar que el acuerdo en ponencia, donde aceptó la transacción de múltiples enmiendas, hace que el pacto no sea sólo el fraguado antes de la tramitación por los dos grupos mayoritarios.

Por su parte, Alejandro Valderas (UPL) pidió el refuerzo de las diputaciones, habló de avances y retrocesos sobre las juntas vecinales, cuestionó la claridad de los mapas de servicios y consideró que la ley aplaza los problemas. El procurador preguntó quien se atreverá dentro de dos años, cuando habrá elecciones, a hablar de unión o supresión de municipios y de mapas de servicios.