La Junta reclama en Bruselas una 'descarbonización' sin coste socioeconómico en Castilla y León
La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, aseguró este lunes en Bruselas que uno de los objetivos de la Junta es lograr que la transición hacia una economía descarbonizada no tenga coste socioeconómico para la Comunidad y que las personas que trabajan en la minería tengan una buena colocación en otro sector. Pese a todo, la consejera recordó que Castilla y León “seguirá siendo una región con producción de carbón, con centrales térmicas, y con una industria y un tejido económico diversificado”.
Del Olmo realizó estas declaraciones en la capital de Bélgica, donde tuvo lugar una reunión del grupo de trabajo sobre la reestructuración económica para las regiones que abandonen el carbón o bien las que buscan diversificar su actividad económica, como es el caso de Castilla y León.
En este sentido, del Olmo considera muy importante la financiación. “Queremos que la Unión Europea se implique con fondos para el mantenimiento de la actividad económica y queremos contar con más ayudas del Estado para ayudar a las regiones que se diversifiquen o bien dejen atrás la carbonización”, aseguró.
La consejera también explicó que se va a dirigir al Ministerio de Energía, junto con las comunidades de Aragón y Asturias, con quienes hace dos semanas firmaron un documento en la defensa de la minería del carbón, para que se las presente como “experiencia piloto” para aplicar medidas sobre la descarbonización y la diversificación económica.
“Hay algo que nos une a todas esta comunidades y es que el carbón ha sido un monocultivo”, subrayó. Por ello, del Olmo considera esencial que el grupo de trabajo puede explicar diferentes prácticas de cómo aplicar la diversificación de la economía, a través de proyectos de alto valor añadido que existen en otras regiones europeas con experiencias similares a las de Castilla y León para “potenciarlos con una transición justa y ordenada”, porque considera que la actual reestructuración del sector ha sido “brutal”. “No se puede dejar a un territorio de 9.000 kilómetros sin actividad económica”, remachó la consejera.
