La Junta envía a las Cortes el crédito de 277,8 millones destinado a reforzar los servicios públicos

La Junta de Castilla y León acordó hoy el envío a las Cortes del proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario de 277,8 millones de euros, derivado del margen de déficit, cuyo destino es el refuerzo de los servicios públicos y el empleo, de ahí que 100 millones vayan a la sanidad, 48 familia, 34 a educación, 85 a programas de fomento y medio ambiente y diez al plan de empleo para personas sin prestación.

En el último pleno de las Cortes, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, avanzó en su respuesta al portavoz socialista, Óscar López, la cantidad con la que se amplía el presupuesto de este año a través del déficit permitido y su destino.

El Consejo de Gobierno ha pedido la tramitación por lectura única de este proyecto de ley, aprobado hoy, que modifica 49 partidas presupuestarias, según explicó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que recalcó que con este crédito se quiere responder a los sacrificios de los ciudadanos para cumplir con el déficit.

Del Olmo defendió que no se puede gastar en todo, en referencia a las peticiones de la oposición socialista, y que tiene que existir un equilibrio entre “lo que se quiere y lo que se puede”, por lo que recordó que el crédito tiene un gasto en intereses, que estimó entre 12 y 15 millones conforme al plazo y a cómo esté la prima de riesgo, pero añadió que la Comunidad es de las menos endeudadas.

La consejera también subrayó que el cumplimiento del déficit por parte de España, con la aportación de Castilla y León, ha permitido que la Comisión Europea haya relajado el déficit y la senda de consolidación fiscal para este país, lo que ha supuesto un margen para las autonomías, en el caso de la Comunidad del 0,7 por ciento, con el que están hechos los presupuestos de este año, al 1,5 por ciento.

La partida destinada a la sanidad irá a reducir las listas de espera, la reapertura de urgencias nócturnas en consultorios locales cerradas en octubre de 2012 y renovar tecnología para facilitar el diagnóstico en la atención especializada. La Consejería de Familia contará con 48,5 millones para la ampliación de la renta garantizada de ciudadanía y los servicios profesionales de la dependencia. Por su parte, Educación dispondrá de 34,3 millones para compensar becas y ayudas de comedor, gastos de funcionamiento y profesorado de centros públicos y los programas Madrugadores y Tardes en el Cole.

Los 85 millones asignados a la Consejería y Medio Ambiente tendrán como destino la mejora y mantenimiento de carreteras, la campaña de viabilidad invernal, la lucha contra incendios forestales y obras de infraestructura. Además, se reservan diez millones de euros para el plan especial de empleo. Otros 820.000 se dirigen a pequeños proyectos que en las cuestas de este año carecen. De este modo, un montante de 246 de los 277,8 millones se destinan a complementar partidas y 30,6 a otras que serán objeto de un expediente de ampliación.

Recaudación

Del Olmo reconoció que no se recupera la recaudación que procede de los tributos propios al estar ligada al sector de la construcción, pero estimó que su incidencia será mínima en un presupuesto que supera los 9.000 millones, aunque sí valoró que otras tasas que antes no existían o por las que pensaban ingresar menos han tenido un comportamiento más favorable.

La consejera se refirió, a preguntas de los periodistas, a la critica del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hacia autonomías que reducen impuestos o aplican beneficios fiscales y respondió que las comunidades tienen competencias y autonomía financiera y son mayores de edad para tomar sus decisiones. Así, defendió que, entre sus prioridades, pueda estar un beneficio fiscal para incentivar el empleo.