La Junta destina 1,6 millones a los seminarios menores de la iglesia Católica en Castilla y León
El importe de las cuantías destinadas a financiar el sostenimiento de los seminarios menores diocesanos y de religiosos de la Iglesia Católica en Castilla y León viene determinado de acuerdo con el módulo económico por unidad escolar para centros concertados que se aprueba para cada ejercicio en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
De este modo, el Seminario Menor Salesiano San Juan Bosco de Arévalo, en Ávila, recibirá 310.000 euros; el Seminario Menor San Gabriel de Aranda de Duero, en Burgos, 209.000 euros; el Seminario Menor San José de Burgos, 11.000 euros; el Seminario Amor Misericordioso de La Nora, en León, 249.500 euros; el Seminario Menor Don Bosco de Armunia, en León, 166.000 euros, y el Seminario Menor Nuestra Madre del Buen Consejo de León, 159.500 euros.
Asimismo, el Seminario Menor San Jerónimo de Alba de Tormes, en Salamanca, percibirá 95.000 euros; el Seminario Diocesano San Cayetano de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, 66.000 euros; el Seminario Santo Tomás de Villanueva de Salamanca, 94.000 euros; el Seminario Diocesano Santo Domingo de Guzmán de El Burgo de Osma, en Soria, 29.500 euros; el Seminario Menor Diocesano de Valladolid, 52.000 euros; el Seminario Sagrada Familia de Valladolid, 92.000 euros, y el Seminario Menor San Atilano de Zamora, 106.500 euros.
Según la Junta de Castilla y León la colaboración en la financiación de los gastos generados por la escolarización de alumnos en todos aquellos seminarios que estén autorizados como centros docentes privados es consecuencia del derecho que tienen reconocido por el acuerdo firmado el 3 de enero de 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede, y la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 28 de febrero de 1994, de percibir una subvención en función del número de alumnos seminaristas que escolaricen. Esta subvención la han recibido desde entonces del Gobierno central, y la perciben de la Comunidad de Castilla y León desde que fue efectivo el traspaso de funciones en materia de educación.
