La Junta confía en que los tribunales avalen su Plan de Jubilaciones sanitarias
La Consejería de Sanidad confía en que los tribunales avalen la legalidad del Plan de Ordenación de Recursos Humanos en materia de prolongación y prórroga en el servicio activo y desestimen los recursos de los trabajadores que pretenden continuar en su puesto pese a superar la edad de jubilación -65 años y dos meses-. De momento, juega a su favor la doctrina del Tribunal Supremo y una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que no reconoce como un “derecho consolidado” la posibilidad de no retirarse.
En ese sentido, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, explicó a Ical, que la prórroga en el servicio sanitario no es “un derecho sin límites”, ni siquiera para los que tenían vigor una autorización de Sacyl, una afirmación que a su juicio pone de manifiesto el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ en Burgos. Además, recalcó que el denominado Plan de Jubilaciones permite ajustar las plantillas de acuerdo a “necesidades organizativas y asistenciales”, una planificación que le corresponde a su departamento.
El pronunciamiento del TSJ marcará la resolución de otros recursos presentados por profesionales a los que Sacyl les ha denegado la continuidad en el servicio activo desde el pasado año. El tribunal argumenta en base a varias sentencias del Supremo que le corresponde a la administración sanitaria autorizar en función de “necesidades organizativas” la prórroga, así como que los profesionales deben acreditar su capacidad funcional.
También, el fallo recuerda que los trabajadores solo tienen la “facultad de solicitar” la permanencia en el servicio, no un “derecho”, y establece que la administración no está obligada a conceder la prórroga, así como que los 70 años es el límite máximo, por lo que puede fijar periodos inferiores. Además, para quienes tengan en vigor un permiso para continuar en su puesto, el TSJ indica que el personal no puede exigir la “congelación futura” de su situación administrativa por lo que su autorización puede “dejarla sin efecto” si desaparecen las necesidades asistenciales.
Igualmente, el consejero confió en que el TSJ resuelva en el mismo sentido el recurso presentado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Castilla y León (Cesmcyl) contra el propio Plan, que está generado ahorros a la Junta en el capítulo de personal, junto con la reestructuración de Atención Primaria y el incremento de la jornada laboral. Sáez Aguado destacó que algunos servicios tenían 50 contratos fuera de la plantilla ordinaria para cubrir guardias puesto que los profesionales de más de 55 años tiene derecho a no realizarlas.
Hasta la fecha, Sanidad ha recibido siete recursos por la vía contencioso-administrativa y 190, por la administrativa. Además, 138 recurrentes han interpuesto una reclamación en vía administrativa y contenciosa. Por otra parte, los juzgados tienen sobre la mesa otro procedimiento contra el Plan por vulnerar derechos fundamentales del Sindicato Médico de Castilla y León (Simecal). También, el Consejo de Colegios Profesionales de Médicos de Castilla y León ha iniciado otro proceso.
Medio millar en 2014
Por lo que respecta a este año, cumplen la edad de jubilación 566 profesionales. Hasta febrero habían solicitado prolongar el servicio activo sólo once, a los que es previsible que se sumen otros profesionales a lo largo del ejercicio. De ellos, uno recibió el visto bueno para continuar trabajando.
Al cierre de 2013, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad, en Atención Primaria se jubilaron 897 médicos, y se cubrieron 522 plazas, un 58,19 por ciento. Mientras, en Especializada, fueron 275 y la cobertura se cerró con 206, es decir, hubo una tasa de reposición del 74,91 por ciento.
