La Junta asegura que la reforma local es “sensible” con Castilla y León tras los cambios incluidos
La Junta de Castilla y León considera que las modificaciones introducidas en el Senado al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, junto a los cambios recogidos ya en la tramitación en el Congreso, cumple en un 90 por ciento con las demandas que realizó al Gobierno y culmina una ley “sensible a los ciudadanos del mundo rural” de la Comunidad Autónoma.
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, realizó esa valoración antes de intervenir en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para exponer los intereses de la Comunidad ante la reforma local.
“No tenemos miedo a gestionar, sino que las competencias vengan bien valoradas”, recalcó, motivo por el que destacó que el ministro haya manifestado que, tras la reforma tributaria, “se dará pie a la revisión del modelo de financiación autonómica y local” así como a la enmienda del PP para vincular los traspasos de competencias sociales que ejercen los municipios a las comunidades.
De Santiago-Juárez respaldó también la aseveración del ministro de que el Gobierno va a impulsar que las comunidades autónomas deleguen servicios sociales a las corporaciones locales con garantías de financiación. “Los servicios sociales salen reforzados si se potencian desde la administración más cercana”, indicó Montoro en su intervención en la Comisión.
“Es un camino complicado”, reconoció el consejero, en declaraciones recogidas por Ical, al explicar que primero se transfiere la educación, sanidad y servicios sociales que prestan ahora los ayuntamientos a las autonomías, en los plazos de dos y cinco años, y después se inicia la delegación a los municipios de esos servicios.
El consejero de la Presidencia destacó que “se protega” a las entidades locales menores, ya que no serán disueltas en el caso de que ellas cumplan en sus cuentas y el ayuntamiento al que pertenecen no lo haga. Esta variable se suma a la enmienda recogida en el Congreso para ampliar de tres meses a un año el plazo para la rendición de cuentas.
“Castilla y León es la comunidad más afectada” por la reforma local, mantuvo De Santiago-Juárez, que recordó su extensión, su número de municipios (2.248), de entidades locales menores (35 por ciento de las existentes) y las nueve diputaciones provinciales, motivo que llevó a la Junta, como indicó, a elevar un informe critico con el anteproyecto de la ley y a enviar enmiendas a los grupos de Congreso y Senado para corregir la normativa.
De Santiago-Juárez concluyó que, “si todo sale como parece”, habrá pasado del 70 por ciento, como valoró las demandas recogidas vía enmienda en el Congreso, a un 90 por ciento con los cambios en el Senado, que hoy aprueba el dictamen de la reforma local.
“Se apoya que la comunidad delegue” competencias en servicios sociales, “es el modelo que se sigue en Castilla y León y es un modelo de éxito”, afirmó el consejero, que compartió con Montoro que esas funcionen se prestan mejor desde la cercanía.
