La Junta abre su ley de reforma administrativa a la participación ciudadana

El anteproyecto de Ley de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se colgará en el Gobierno Abierto para que los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones, después de que el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, haya informado hoy de su contenido en la reunión del Consejo de Gobierno. El objetivo de la normativa es hacer una administración más eficaz, eficiente, austera, sencilla, cómoda y moderna, destacó De Santiago-Juárez en la rueda de prensa que sigue a la sesión semanal del Ejecutivo.

El texto, que eleva a rango de ley la reforma administrativa, con la que la Junta prevé un ahorro de 38 millones este año, recoge la modificación de 43 leyes autonómicas y se ha presentado a los grupos políticos de las Cortes y a los sindicatos en las mesas sectoriales. Una de las novedades es la reducción a la mitad de la sanción que contemplan 26 leyes y dos decretos por el “pronto pago”.

De Santiago-Juárez precisó que no se ha buscado tanto la negociación y el consenso con los grupos, porque eso corresponde más a la tramitación en las Cortes, sino que ha querido explicar a PP, SOE y Mixto los cambios, al afectar a un número tan elevado de leyes, y de comunicarles que la Junta pedirá el trámite de urgencia.

El consejero recordó que el anteproyecto se presenta como instrumento para aplicar las 65 medidas de reforma de la Administración aprobadas por Acuerdo de Junta en el Consejo de Gobierno del pasado 30 de enero, si bien añadió que el Ejecutivo ya ha efectuado algunas de esas medidas, entre ellas las plasmadas en el decreto aprobado el 6 de marzo y por el que se regula el funcionamiento de todos los órganos colegiados de Gobierno, como el Consejo de Gobierno, las Comisiones Delegadas y la Comisión de Secretarios Generales.

Así, se simplifican las funciones del Consejo de la Función Pública de Castilla y León y también la tramitación de las relaciones de puestos de trabajo, eliminando la obligatoriedad de su modificación como consecuencia de las modificaciones de la estructura orgánica de las consejerías y simplificando su contenido, aunque manteniendo los aspectos sustanciales que identifican a cada puesto de trabajo.

De forma expresa se regula la figura de la atribución de funciones a los funcionarios distintas a las que corresponden a su puesto de trabajo, por necesidades del servicio y con carácter temporal, respetando las que corresponden a su clasificación, grado o categoría.

En cuanto al Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, con la finalidad de contar con una herramienta ágil que permita cubrir posibles vacantes de personal, se prevé que puedan convocarse bolsas de empleo temporal no necesariamente ligadas a procesos selectivos; se concreta y homogeneiza el régimen de puestos de libre designación; se regulan medidas dirigidas a compatibilizar la gestión de recursos humanos con el estado de salud de los empleados; se flexibilizan las promociones internas temporales y se adecuan los instrumentos de ordenación de recursos humanos.

El anteproyecto de ley, de 37 artículos, incluye modificaciones diseñadas para agilizar procedimientos y reducir trámites. En este mismo título se modifica la Ley del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con el fin de simplificar el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley y de las disposiciones de carácter general que apruebe la Junta de Castilla y León.

Así, a este respecto, el trámite de audiencia y el de información pública se realizarán de forma simultánea a través de la plataforma del Gobierno Abierto de Castilla y León, salvo que la normativa básica estatal o una norma con rango de ley disponga otra cosa. Se posibilita también la simultaneidad de los trámites de audiencia e información pública y el de solicitud de informe a las Consejerías.

El informe de las Consejerías se solicita de forma simultánea para todas ellas, por plazo no superior a diez días, sobre todos los aspectos que afecten a sus competencias y se concreta el contenido de los informes, excluyendo motivos de oportunidad o conveniencia.

Consejo de Cooperación Local

En el apartado de medidas organizativas, se regula expresamente la figura de la encomienda de gestión que, sin suponer cesión de la titularidad de la competencia ni de sus elementos esenciales, posibilita la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios por órganos o unidades distintos de los que tienen atribuida dicha competencia, lo que redunda en una mayor eficacia y aprovechamiento de los recursos existentes, según la Junta.

También se recoge la modificación de la organización del Consejo de Cooperación Local y se atribuyen a este las competencias que correspondían a la Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales y a la Comisión de Carreteras. Para ello se modifican la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, la Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León y la Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León, para simplificar la organización del Consejo y configurarlo como principal órgano de diálogo con los entes locales.

Por otro lado, la Comisión de Secretarios Generales queda como único órgano de coordinación y entre consejerías y asumen funciones ahora reguladas en la Comisión Autonómica de Publicidad Institucional, la Comisión de Coordinación de Ciencia y Tecnología, la Comisión Interconsejerías para la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Comisión Interconsejerías de apoyo a las familias y la Comisión de Coordinación para la política de Juventud de la Administración Autonómica.

De Santiago-Juárez aseguró que no se limita la participación de la sociedad civil aunque se supriman órganos sectoriales, donde recordó la existencia de un centenar, que en la mayoría de los casos no se reunían.

Sanidad

Precisamente, el Consejo de Gobierno autorizó hoy la reorganización de algunos servicios centrales tanto de la Consejería de Sanidad como de la Gerencia Regional de Salud con el fin de reunir competencias similares y mejorar su eficacia, conforme al Acuerdo para la reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Con estos cambios, que atienden a la racionalización y a la simplificación administrativas, se reducirá en un 22 por ciento con la supresión de 34 unidades.

Entre las novedades de la Orden aprobada está la creación de servicios únicos de Estudios, Normativa, Gestión de Recursos Comunes y Asesoría Jurídica que, dependientes de la Secretaría General de Sanidad, pasan a desempeñar competencias de carácter transversal de forma unificada.

Asimismo, a partir de ahora y con el fin de dar la mejor respuesta y adaptación a la coyuntura económica actual, la Consejería de Sanidad va a disponer de una Oficina de Gestión Económica y Control Presupuestario que, adscrita a la Dirección General de Administración e Infraestructura de Sacyl, nace como instrumento de control del gasto público y de costes en la actividad asistencial que desarrolla el servicio público de salud de Castilla y León.