IU exige al Gobierno que no aplique los recortes previstos a la Ley de Dependencia

IU presentará mociones en toda la provincia contra el desmantelamiento de la Ley de Dependencia. Según ha expresado Izquierda Unida la ley 39/2006, (Lapad) “supone el mayor avance en protección social en España en los tres últimos lustros, generando derechos subjetivos y habiendo dictaminado a más de un millón de personas en situación de dependencia, de los que 760.000 ya son beneficiarios de una prestación o servicio”.

“Sin embargo, estos avances y el propio sistema está siendo descuartizado a golpe de Real Decreto, generando inseguridad en las personas, en las instituciones e incluso en las empresas que actúan en el sector”, ha añadido el partido a través de una nota de prensa.

Se trata de “una derogación encubierta de la Ley que va a reducir el Sistema a la mínima expresión, reduciendo sus costes y anulando este impulso de modernización del Estado con sus beneficios en la protección social y calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias, y también en convergencia con los países de nuestro entorno en cuanto al modelo económico y la generación de empleo”.

IU ha expresado que entre las medidas adoptadas, destacan como especialmente “inútiles y sangrantes” las siguientes:

-“La ampliación a dos años el plazo para resolver las ayudas hará que decenas de miles de dependientes mueran sin atención. (3 de 4 beneficiarios son mayores de 65 años, y el 54% mayores de 80)”.

-“El incremento de las aportaciones de los usuarios y los descuentos sobre las prestaciones a percibir, llevando al límite de la capacidad real las economías familiares. El copago incrementa de manera importante las aportaciones y afectará al patrimonio de las personas dependientes provocando la descapitalización de las familias”.

-“La eliminación de las compatibilidades entre servicios, que impide la complementariedad entre servicios y la necesaria flexibilidad y atención personalizada a las personas dependientes”.

-“La reducción de la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar en un 15%. El Ministerio se ha permitido incluso criminalizar a los familiares que atienden a las personas dependientes hablando públicamente de ”fraude“ en estas prestaciones, poniendo en duda la dedicación y el afecto que proporcionan cientos de miles de familiares de afectados/as en España. La reducción afecta a 435.180 personas que verán reducidas las prestaciones que reciben una media de 55 euros al mes”.

-“El Estado deja de financiar la Seguridad Social de los cuidadores familiares que afecta a 180.000 personas, el 94% mujeres”.

-“En materia de financiación del sistema, se reduce el nivel mínimo en más de un 13%. A los 283 millones recortados del nivel acordado, debemos sumar otros 200 millones de reducción en el nivel mínimo garantizado y 227 millones de cuotas de seguridad social de cuidadores que se dejarán de abonar”.

Izquierda Unida ha sentenciado que todas estas medidas, además de suprimir niveles, bajar intensidades y eliminar incompatibilidades, “suponen de manera inmediata un recorte de 1.000 millones de euros y la desatención a los más de 270.000 del 'limbo de la dependencia' – personas que se les ha reconocido el derecho y están pendientes de recibir la prestación o servicio- que no recibirán ayuda en los próximos dos años y medio por lo que se puede afirmar con absoluta desolación que el descuartizamiento de la Ley de dependencia supone el fin del mayor avance en protección social que se había producido en España en los últimos años”.

Por este motivo, Izquierda Unida presentará mociones en todos los Ayuntamientos de la provincia exigiendo “la retirada de los últimos recortes impuestos a la Lapad en el Real Decreto-ley 21/2012, de 13 de julio, de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero”.

Además, el partido político exigirá al Gobierno “que no aplique los recortes y la eliminación de las partidas de financiación del Nivel Acordado, suprimiendo la aportación que la Administración General del Estado realizaba para la financiación de la Ley de Dependencia para toda España por un valor de 283 millones de euros”; y que “cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia que afecte a algunas de sus esencias, se lleve a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través de Decreto”.