Investigarán la “rama leonesa” del caso Gürtel
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) se hará cargo de la investigación sobre la supuesta implicación del expresidente de las Cortes regionales José Manuel Fernández Santiago en el llamado “Caso Gürtel”, en cuanto a la adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León).
La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha aceptado así la competencia de la investigación sobre José Manuel Fernández Santiago, actual procurador en el Parlamento regional -aforado-, como había solicitado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), han informado hoy fuentes del alto tribunal castellanoleonés.
Además, ha sido designado para dirigir la instrucción el magistrado César Balmori Heredero, quien se ocupará de investigar no sólo la supuesta vinculación de Fernández Santiago con la adjudicación a al empresa Teconsa de la variante de Olleros del Alba en 2002, sino también de analizar la posible relación con el caso de otras personas, aunque no sean aforadas, han precisado a Efe dichas fuentes.
La decisión del TSJCyL se ha adoptado después de que el TSJM confirmara el pasado julio la inhibición del supuesto pago de comisiones investigadas en el caso Gürtel por la adjudicación de la variante de Olleros.
El auto acuerda en concreto “aceptar la inhibición propuesta por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, declarar su competencia para conocer de los hechos a los que se contrae”, y recabar de dicho Tribunal “las actuaciones originales relativas a los mismos”.
En los antecedentes de hecho, el auto explica que el TSJCyL recibió el pasado 27 de julio la propuesta de inhibición de parcial del TSJM de determinadas actuaciones acompañadas por testimonio y seguidas por supuestos hechos presuntamente constitutivos de delito atribuidos a diversas personas, entre ellas el procurador en las Cortes de Castilla y León José Manuel Fernández Santiago.
En los Fundamentos de Derecho, la resolución judicial cita la normativa vigente y establece que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCyL “es competente para conocer de los hechos que se imputan” a Fernández Santiago, por su condición de procurador en la Cámara autonómica y que “fueron supuestamente cometidos en el territorio de esta Comunidad”.
También admite la competencia, en su caso, de los hechos atribuidos conjuntamente a personas no aforadas.
Explica que el auto se ciñe a hechos que se califican “provisionalmente como constitutivos de delitos de cohecho y prevaricación” sancionados en el Código Penal y “se contraen al posible pago de una comisión vinculada a la adjudicación a la mercantil TECONSA del proyecto de construcción de la variante de Olleros de Alba (León)”.
Se trata en concreto de la carretera C-626, de Cervera de Pisuerga (Palencia) a la Magdalena por Guardo, en los kilómetros 4.100 a 8,600, efectuado en fechas comprendidas entre diciembre de 2002 y enero de 2003.
Precisa que supuestamente se repartieron la comisión distintas personas entre las que se encuentra Fernández Santiago, que entonces desempeñaba el cargo de consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, a quien se atribuye la supuesta recepción de 18.000 euros el 23 de abril de 2002 “por motivos que se desconocen”.
Recuerda también la decisión judicial del TSJCyL dada a conocer hoy que contra el auto cabe recurso de súplica.
