El Gobierno diseña nuevos planes de liquidez para entidades locales
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, informó este martes a los representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de los nuevos mecanismos de financiación y liquidez que pone en marcha el Gobierno. Estos mecanismos permitirán “trasladar el ahorro financiero a todas las administraciones, priorizan el gasto social y continúan ayudando a las administraciones con mayores dificultades de financiación”, según informó el Ministerio de Hacienda.
En este sentido, indicó que la situación financiera del Estado permitirá que las administraciones territoriales se beneficien de una cobertura “más amplia” de su financiación y “más barata”. Montoro explicó en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) que el Estado está en condiciones de ofrecer, por primera vez, cobertura a otras necesidades de financiación de las entidades locales e informó de la creación de tres nuevos fondos.
Estos son el fondo de ordenación de entidades locales, para aquellas en situación de riesgo financiero, el fondo de impulso económico, para la inversión de las entidades que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y periodo medio de pago, y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) social para financiar los convenios pendientes de pago suscritos entre las comunidades autónomas y las entidades locales en materia de politica social.
En concreto, el Fondo de Ordenación irá destinado para las entidades locales altamente endeudadas, con riesgo financiero, y para aquellas mayores de 75.000 habitantes o capitales de provincia cuyo período medio de pago a proveedores supere de forma reiterada en más de 30 días el plazo máximo. Las entidades acogidas a este fondo tendrán que cumplir la condicionalidad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera .
Asimismo, el Fondo de Impulso Económico se dirige a las entidades locales que cumplan todos los objetivos y límites establecidos en la normativa de estabilidad presupuestaria y deuda pública, cuyo período medio de pago a proveedores no supere en más de 30 días el plazo máximo. En este compartimento se prevé la financiación de proyectos de inversión que se consideren relevantes o financieramente sostenibles en los términos que acuerde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Por último, el Fla Social permitirá a las entidades locales cobrar los convenios y transferencias que les adeudan las comunidades autónomas por la prestación de servicios sociales y que propis entidades tienen que pagar a sus proveedores. Si las comunidades no se adhieren a este mecanismo para realizar los pagos pendientes, será el Estado quien pague las deudas, reteniendo los recursos del sistema de financiación autonómico.
Desde Hacienda apuntaron que la mejora de la situación financiera del Estado permite que el Gobierno pueda ofrecer nuevas condiciones de financiación “sin excepción” a las administraciones territoriales que lo soliciten. Así, se permitirá aplazar a diez años el pago de las liquidaciones negativas y las entidades locales podrán aplicar la regla de gasto a la ejecución presupuestaria.
El departamento de Cristóbal Montoro apuntó que el escenario “es distinto”, pero el Gobierno mantiene como “objetivo prioritario” la financiación de los servicios públicos, la educación y los servicios sociales, y “puede hacerlo en mejores condiciones financieras”. Para ello, trasladará esas mejores condiciones y el acceso a los mercados a comunidades y entidades locales, con nuevos mecanismos de financiación, a tipos de interés del cero por ciento, asumiendo el Estado la diferencia con el tipo de financiación del Tesoro, para permitir a las administraciones territoriales mayor liquidez, para que tengan más capacidad y puedan atender sus compromisos de gasto social presente y futuro.
Ley de Contratos
Por otra parte, la CNAL recibió información sobre el real decreto que modificará el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
La reforma tiene su origen en una medida aprobada en la Ley de Apoyo a los Emprendedores el año pasado que consistió en la elevación de los umbrales del valor de los contratos públicos en los que la clasificación de las empresas es obligatoria para acreditar su solvencia, pasando en los contratos de obras de 350.000 a 500.000 euros, que fue completada con la Ley de impulso de la factura electrónica, que eliminó la obligatoriedad de la clasificación de los contratos de servicios.
El proyecto simplifica los trámites para el acceso de los contratistas a los contratos de servicios y obras, y regula los requisitos de acreditación de sus condiciones de solvencia. Entre ellos, se amplía de cinco a diez años el período tomado en cuenta para acreditar la experiencia de una empresa en el caso de obras, y de tres a cinco años en los de suministros y servicios.
