Gobierno autonómico y oposición discrepan sobre la transparencia de la Junta con 'Púnica'

La Junta de Castilla y León ha abonado 5,7 millones de euros a dos de las 165 empresas investigadas por la Audiencia Nacional en el marco de la 'Operación Púnica', según consta en el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL). En concreto, a Cofely España y Cofely Contracting, la principal de las firmas ligadas a la red corrupta, por contratos en el periodo 2002-2014.

“No figura pago alguno realizado a ninguna otra de las empresas sobre las que el Grupo Socialista solicita información”, afirmó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que abrió la ronda de comparecencias de los miembros del Gobierno regional en las Cortes para explicar la relación contractual de la Junta y los órganos autónomos con la principal empresa vinculada a 'Púnica'. “Aquí no hay caso, porque no hay pagos a esas empresas”, espetó.

Los consejeros que la siguieron, José Antonio de Santiago-Juárez (Presidencia), Tomás Villanueva (Economía y Empleo), Antonio Silván (Fomento) y Silvia Clemente (Agricultura y Ganadería), defendieron la limpieza de los contratos realizados por sus respectivos departamentos con esas empresas y remarcaron que no se investigan por la Audiencia Nacional.

En ese marco, el titular de la Presidencia y portavoz de la Junta invitó a los grupos de las Cortes a alcanzar un “gran pacto en transparencia y participación como la mejor práctica contra la corrupción”, a través del acuerdo en la ley de Transparencia que mañana se enviará a la Cámara una vez aprobada en el Consejo de Gobierno.

“La Junta desarma la demagogia con transparencia”, espetó en su turno el consejero de Fomento, que insistió en la corrección, legalidad, transparencia, publicidad y objetividad de todos los expedientes, desde el inicio de la tramitación hasta la adjudicación. De la misma manera, se expresaron Villanueva y Clemente al exponer los contratos de sus departamentos. “Hemos hecho un esfuerzo de agilidad por las circunstancias, deberíamos dar una respuesta en bloque”, señaló la titular de Agricultura y Ganadería.

Villanueva afirmó que una Unión Temporal de Empresas (UTE), en la que se encontraba Cofely, se ha presentado este año a dos adjudicaciones en su departamento, que no desveló, y que no ganó debido a que “había otros dos competidores con mejor oferta. De la misma manera, Silván indicó que la misma empresa iba en una UTE a tres adjudicaciones y sólo alcanzó uno.

Todos los expedientes

Los portavoces socialistas en cada una de las comisiones valoraron el ejercicio de transparencia, pero se remitieron a contratos con otras firmas cuestionadas o proyectos sujetos a procesos judiciales de los que no se ha informado, así como a la peticiones de comisiones de investigación, todas rechazadas. José Francisco Martín afirmó que se reclamarán todos los expedientes que puedan afectar a las empresas investigadas.

“A partir de ahora empieza el trabajo, hay que buscar lo que no está en las mayúsculas de los expedientes de cabecera”, aseveró después Francisco Ramos, que valoró la propuesta de pacto en transparencia, pero apeló a las comisiones de investigación desestimadas e insistió en que la Junta “no puede dar carpetazo con nueve comparecencias a toda prisa”.

Muñoz de la Peña se deslizó por una vinculación familiar del administrador único de Rebi, firma soriana dedicada a energías limpias, con el director de la Fundación de Patrimonio Natural, lo que llevó al popular Alfonso García Vicente a pedir prudencia en la valoración de las empresas que puedan estar en el auto del juez Eloy Velasco, debido a estar en una UTE con Cofely.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González (IU), calificó de “pseudo ejercicio de transparencia” la ronda de comparecencias de los consejeros en las Cortes y abogó por no eliminar los órganos de fiscalización de la Comunidad para que “no ocurran casos como los de la 'Operación Púnica'”.

El procurador de UPL, Alejandro Valderas, recordó que en la Diputación de León no se ha encontrado ningún contrato con las firmas investigadas y su presidente está en prisión incondicional. “O aquí se hace el ridículo o alguien tapa las pistas”, estimó. Valderas pidió a la Junta que revise contratos en forma de marcas “blancas o negras” que utilizan las compañías.

Los procuradores del PP siguieron el mismo guión: poner en valor el ejercicio sin precedentes de transparencia de los consejeros de la Junta, subrayar que los contratos con Cofely no se investigan por la Audiencia Nacional y rechazar la corrupción. “No hay nada que ocultar”, afirmó Óscar Reguera, en su turno, mientras que su compañero de bancada Alfonso García Vicente pidió que no se criminalice a empresas que por estar en una UTE figuran en la investigación judicial.

Dos días después de que se conociera la detención del presidente de la Diputación de León -ahora en prisión incondicional, sin dejar el cargo-, Juan Vicente Herrera anunció la revisión de los posibles contratos de la Junta y órganos autónomos con la principal empresa de la trama, la comparecencia de todos los consejeros en las Cortes y la supresión de contratos en marcha con esa compañía.