La Diputación y a los municipios de menos de 20.000 habitantes reciben 9 millones de la Junta
La Junta de Castilla y León dedicará 48,7 millones de euros este año a las diputaciones y a los municipios de menos de 20.000 habitantes en el marco de las leyes de Ordenación del Territorio de Castilla y León y de la que desarrolla la reforma local del Gobierno central. Así se establece en el protocolo firmado hoy en Valladolid entre el Ejecutivo autonómico, la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y las nueve diputaciones.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, informó sobre este acuerdo e indicó que de la cuantía total, las diputaciones recibirán 18,9 millones de euros, una cantidad que se ha incrementado un diez por ciento respecto al año pasado. También, destacó los 29,8 millones de euros dedicados a los municipios de menos de 20.000 habitantes.
De ese total, el Fondo Especial para las diputaciones, dedicado íntegramente a gasto corriente, contará con 11,9 millones de euros, que se reparten entre la Diputación de Ávila, que percibirá 1,2 millones de euros; la de Burgos, 1,5 millones; la de León, 1,9; la de Palencia, un millón de euros; la de Salamanca, 1,5; la de Segovia, un millón; la de Soria, 981.652 euros; la de Valladolid, 1,3; y la de Zamora, 1,2 millones de euros.
En concreto, el acuerdo establece, además del fondo especial, otros para el servicio de asesoramiento a municipios, que suponen 2,7 millones de euros para que las diputaciones ayuden a que las entidades locales menores presenten sus cuentas antes de finalizar el año y cumplan así con lo establecido en la reforma local del Gobierno. En este sentido, el consejero aseguró que las diputaciones de Burgos, León y Palencia dispondrán a mayores de subvenciones directas por importe de 60.000 euros cada una debido a que cuentan con un mayor número de pedanías.
También dentro de las cuantías dirigidas a las diputaciones, el Ejecutivo destinará 78.808 euros al fondo denominado 'Encuesta de infraestructura y equipamiento local', así como un bloque de políticas sociales de 4,1 millones de euros, repartido entre el 1,1 millón del Fondo complementario para políticas sociales de discapacidad y los tres para las relacionadas con salud mental, en concreto, según señaló el consejero, es para el mantenimiento de centros de atención a estos colectivos.
Pagos
La Diputación de León recibirá 3,5 millones del fondo general constituido por la Administración Autonómica
La transferencia a las diputaciones de la cuantía de este fondo especial y de los fondos sociales se producirá en dos pagos, el primero de ellos en la primera quincena de julio de 2014 y el segundo en la segunda quincena de noviembre de este mismo año. Las otras partidas se ingresarán cuando las diputaciones las justifiquen adecuadamente.
Por su parte, los 29,8 millones de euros de fondos incondicionados, dirigidos a los municipios de menos de 20.000 habitantes, se entregarán a través de las diputaciones, quienes colaborarán con la Junta en su gestión y pago, si bien se reparten en función de los criterios de distribución que establece el Ejecutivo autonómico.
Asimismo, los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Ávila recibirán 2,6 millones de euros; los de Burgos, 3,5; los de León, seis millones de euros; los de Palencia, 2,3 millones; los de Salamanca, 4,5; los de Segovia, 2,5 millones; los de Soria, 1,5; los de Valladolid, 3,9 y los de Zamora, 2,7 millones de euros.
Respecto a los municipios de más de 20.000 habitantes, el consejero avanzó que será después de la Semana Santa cuando se proceda a la firma con los representantes de estos ayuntamientos, entre los que se repartirán doce millones de euros.
Acuerdo político y leyes
El acuerdo político, en el que se enmarca esta colaboración económica de la Junta con las entidades locales, concretaba aspectos referentes al desarrollo del modelo de ordenación del territorio y comprometía, para los años 2013, 2014 y 2015, un fondo incondicionado destinado a todos los municipios de Castilla y León con la garantía de una cuantía mínima para cada uno de ellos. De modo extensivo, en 2013 el Ejecutivo autonómico amplió este acuerdo a las nueve diputaciones provinciales.
A los municipios de León, de menos de 20.000 habitantes se destinan otros seis millones de euros.
El protocolo firmado hoy desarrolla los principios que han guiado el acuerdo básico citado -referido a las diputaciones provinciales- y que se han recogido expresamente en la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, el protocolo ayuda a la aplicación del Decreto Ley de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León, derivado de la entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que se ha visto complementado con la circular de 1 de abril relativa al sistema competencial y otras cuestiones derivadas de su entrada en vigor.
Compromisos
Las diputaciones provinciales se comprometen, en este documento, a emitir su informe sobre el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio antes de su sometimiento a audiencia pública. Aquellas diputaciones cuyo ámbito geográfico se vea afectado, emitirán informe en el trámite de audiencia para la definición del ámbito de las “áreas funcionales estables” y las “áreas funcionales estratégicas”.
Asimismo, las instituciones provinciales tendrán que participar en el proyecto reglamentario que regule la asunción de forma progresiva de la cartera común de competencias por las “mancomunidades de interés general”, definiendo cuáles deben ser las competencias mínimas iniciales al momento de su constitución y los plazos para su definitiva asunción de todas las competencias que integran la cartera común.
También se comprometen a estudiar la utilización de fórmulas asociativas mediante la constitución de consorcios provinciales de servicios generales, presididos por las diputaciones provinciales, con las mancomunidades de interés general. Y además las diputaciones provinciales darán continuidad a la prestación de los servicios públicos locales, en cumplimiento de las previsiones contempladas en el Decreto Ley para la garantía y continuidad de los servicios públicos en Castilla y León.
Objetivos
Las nueve diputaciones provinciales deberán destinar esta cantidad a la dotación del fondo especial para operaciones corrientes derivadas del ejercicio de servicios propios ya implantados y en funcionamiento; el mantenimiento de las cuantías consolidadas dirigidas al sostenimiento de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios; la actualización de la encuesta de infraestructura y equipamiento local; y algunas diputaciones provinciales dispondrán de un fondo derivado de políticas sociales referidas a discapacitados y cobertura de plazas de salud mental.
