El 'coste estándar', punto fundamental de la reforma local

“Mi papel aquí es defender los municipios de España, que es defender los intereses de los ciudadanos de España, así ha tenido que responder el alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), que incluye a los municipios y al ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Tras la reunión en la que se ha abordado la reforma de la Administración Local, que se eleva al Consejo de Estado para que informe y luego pasará al consejo de Ministros, el máximo representante de los municipios españoles y el secretario de Estado del ramo, Antonio Beteta, han explicado las conclusiones de la Comisión.

En rueda de prensa De la Serna se ha dedicado a realizar varios desmentidos sobre el proyecto de reforma de la Administración Local, entre ellos que incluya recortes a los sueldos de los funcionarios municipales actuales, aunque han dejado abierta la puerta a controlarlos en un futuro. Además ha desmentido -también- que se pueda intervenir municipios y despojarlos de funciones para pasarlas a las Diputaciones, se habla de competencias 'blindadas'. Otro aspecto que ha negado es la supresión de cargos políticos en los municipios, “eso ya lo hemos superado”. Así ,entre negaciones sobre las últimas informaciones sobre la reforma local el presidente de la FEMP ha tenido que defender su papel de representante de los municipios y por ende de los ciudadanos, frente a la acción del Gobierno de Mariano Rajoy.

El coste de las competencias impropias, sobre todo de las comunidades autonomas, es del 25% del presupuesto de media.

“Es una reforma muy profunda, que va a suponer una gran transformación y que va a ser complejo aplicarla” ha señalado De la Serna que se ha congratulado por la clarificación de competencias -“que no va ser un proceso sencillo”- y en la mejora de la eficiencia que supondrá la reforma para los municipios.

El 'coste estándar' el concepto económico clave de la reforma

Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, ha defendido la norma que sale de la Comisión “es una ley profundamente municipalista” y apunta a que logra cuatro objetivos: redefine materias, “para conseguir que exista una clara definición competencias”; crea una estructura administrativa local más racional; garantiza el control económico de los municipios y favorece una iniciativa económica que evite intervenciones administrativas desproporcionadas, “para contribuir al crecimiento de nuestra economía”.

En la redefinición de competencias se especifica que la sanidad es de las autonomías, y en un plazo de cinco años deben asumirlas. Lo mismo sucede con los servicios sociales, salvo mención expresa en la norma, que deberán asumir las autonomías o financiarlas al 100%. En Educación el servicio lo seguirá prestando la corporación local hasta la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómico y local.

El concepto de 'coste estándar' será clave para el control económico de los municipios y de sus servicios. Para ello se va a evaluar, con datos de 2012, a todos los municipios españoles y se aprobará el 'coste estándar' de los servicios, que servirá para decidir si lo presta un municipio o un ente superior, como son las Diputaciones. No obstante se ha hablado, sin detallar de momento, que habrá competencias municipales de gestión exclusiva por las corporaciones y que no se podrán traspasar, independientemente de que se cumpla o no el 'coste estándar'.

“No hay que confundir equilibrio presupuestario con la eficiencia del coste estándar” afirmó Beteta, para señalar que habrá que establecer el 'coste estándar' de cada uno de los servicios públicos a un precio comparable y homogeneizable a los de más de 20.000 habitantes, pero teniendo en cuenta las peculiaridades de los municipios pequeños. Ha garantizado que habrá más control e intervención de las corporaciones locales, pero separándolo del control de oportunidad que estará en manos de las corporaciones.

Todos los municipios, incluídos los de menos de 5.000 habitantes, estarán sujetos a Ley de Estabilidad Presupuestaria. Eso incluye que el incumplimiento, entre otras medidas previstas, podría llevar a la intervención si no se cumplen los preceptos legales sobre control presupuestario.

Beteta ha confirmado que el Gobierno nacional, a través de la Ley de Presupuestos, podrá modificar los salarios mediante la introducción de horquillas salariales que afecten a los empleados públicos, incluídos los locales. Aunque no han definido si se bajarán o modificarán.

Aquel municipio que esté financieramente bien podrá seguir realizando otro tipo de servicios que no sean los propios. El único requisito es que no lo preste la comunidad autónoma y sea viable económicamente. Para prestar servicios, éstos se tiene que financiar el 100% por quien tenga las competencias y si no, el Estado podrá quitar los fondos a la comunidad autónoma dentro de su marco de financiación.

La FEMP y el Ministerio se han emplazado a seguir negociando hasta el trámite parlamentario para resolver las diferencias como las licencias de actividad, donde mantienen posturas muy opuestas sobre su aplicación.