Las Cortes de Castilla y León decidirán en septiembre si fusionan la comisión de residencias con la pedida por PP y Ciudadanos sobre la pandemia

La comisión de investigación sobre la gestión y las actuaciones realizadas en los centros de servicios sociales de carácter residencial en la Comunidad Autónoma ante la pandemia de la COVID-19 estará formada por siete procuradores, dos de los grupos Socialista, Popular y Ciudadanos y uno del Mixto.

Así lo acordó hoy la Mesa de las Cortes en su reunión, ya que el pasado viernes no hubo acuerdo y quedó pendiente la aprobación de la composición, organización y reglas de funcionamiento de esta comisión, la cuarta que se crea en esta legislatura, junto a las ya en marcha de la 'trama eólica', ayudas a la minería y plan de medios de la Junta.

Según informan las Cortes, la composición de esta nueva comisión de investigación, solicitada por el Grupo Socialista, Podemos-Equo, Unión del Pueblo Leonés, Por Ávila y la procuradora no adscrita, contará con dos representantes de los grupos parlamentarios con más de diez procuradores (Socialista, Popular y Ciudadanos) y uno del resto de grupos (Grupo Mixto).

Ahora los grupos deberán comunicar el nombre de sus representantes, en el caso del Grupo Mixto tendrá que existir un acuerdo entre ellos al estar formado por Podemos-Equo, Vox, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila. María Montero no está en ningún grupo, es procuradora no adscrita.

Además, acordó, como en las otras comisiones de investigación, que el voto será ponderado, es decir, el voto del procurador o de los procuradores pertenecientes a un grupo parlamentario cuenta como el número de miembros de ese grupo en la Cámara.

El voto es personal e indelegable, según el artículo 83.2 del Reglamento. Los grupos parlamentarios deberán ahora comunicar a la Mesa de las Cortes qué miembros formarán parte de esa comisión.

Por otro lado, la Mesa de las Cortes decidirá la fusión o no de la comisión pedida por la oposición, ya creada, y la solicitada por PP-Cs para que se investigue la gestión del COVID-19, una vez que finalice el plazo de quince días para que algún grupo comunique si se opone.

En su solicitud, los grupos de PP y de Cs piden la integración de ambas que se llamaría comisión de investigación sobre la gestión del COVID en Castilla y León, medidas y decisiones adoptadas para minimizar su impacto en las residencias de la Comunidad, modelo de cogobernanza surgido de la declaración del estado de alarma, coordinación administrativa en la lucha contra el COVID, gestión y actuaciones realizadas en los centros sociales de carácter residencial en la Comunidad ante la pandemia.

El inicio de las vacaciones parlamentarias lleva el plazo para que algún grupo pueda oponerse hasta el 15 de septiembre. Si ningún grupo presenta escrito de oposición, la comisión estará creada, como ocurrió hace unos días con la solicitada por la oposición.