Podemos compromete dos empleos nuevos por cada uno minero perdido en su plan Horizonte Verde

Los representantes de Podemos con trabajadores de las subcontratas mineras.

Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos y candidato al Congreso por Madrid; y Ana Marcello, candidata de Unidas Podemos al Congreso por León, han participado este fin de semana en una asamblea con trabajadores de la compañía minera Astur Leonesa y de las subcontratas de la central térmica de Compostilla.

El encuentro tuvo lugar en La Robla y los trabajadores han explicado la situación de ambas empresas, así como el proceso de despoblación y desindustrialización que está sufriendo la zona. “Lo único que reclaman es trabajo y poder seguir viviendo en las comarcas, algo tan digno que a muchos de ellos les está costando procesos judiciales. En su pelea vamos a estar a su lado, porque solo piden derechos y poder vivir en nuestra tierra”, ha resumido Ana Marcello al final del encuentro.

“Los compañeros de las subcontratas de Compostilla han sido excluidos del plan social, en una medida incomprensible implementada por Endesa. Nosotras creemos que todos los trabajadores tienen que ser incluidos en el plan social, independientemente de que sean de la matriz o la subcontrata”, ha recordado Mayoral. “Y los compañeros de la Asturleonesa llevan 15 meses sin cobrar, en una situación gravísima en la que no saben qué va a pasar”. El secretario de Sociedad Civil de Podemos ha explicado que “es necesario un proceso de transición ecológica, pero con la gente dentro”.

“Los trabajadores de las subcontratas vuelven a ser los grandes olvidados de los planes sociales dentro del modelo de transición energética. Unidas Podemos no sólo cree que es posible sino también fundamental que cualquier camino hacia un nuevo modelo energético no deje a nadie atrás: por cada pérdida de un puesto de trabajo en la mina deben crearse dos nuevos, como propone el Plan Horizonte Verde presentado por Podemos hace unas semanas”, explicaron.

Mayoral concluyó que “hay una responsabilidad política de Estado para garantizar que la gente tenga derecho a poder vivir de su trabajo, y eso significa que tiene que haber un vector de desarrollo económico en las comarcas, implementado desde el Estado y que garantice la creación de puestos de trabajo con condiciones dignas”.

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