Los ayuntamientos de la AP-66 piden al Gobierno compensación por el IBI que no cobran
Los ayuntamientos por los que discurre la autopista que une León con Asturias, la AP-66, llevan diez años en pugna contra la decisión que en su día adoptó el Gobierno del PSOE y que se traducía en la excensión del pago de hasta un 95% del IBI a la empresa concesionaria del servicio, Aucalsa. Lógicamente son dineros que han dejado de ingresar estos municipios y por ello este lunes han acudido a la vía política para pedir a los senadores del PP que intercedan ante el Gobierno al que representan.
Son diez consistorios y, salvo Pola de Lena en territorio asturiano, el resto se localizan en tierras leoneses y la reunión con los senadores populares trata de retomar la vertiente política, ya que, aunque los tribunales les dieron la razón inicialmente, el Supremo ha aludido a la situación económica global y a la crisis que atravesamos para desestimar esta solicitud.
Sólo dos ayuntamientos, Sena de Luna Y Santovenia, por diversos y diferentes motivos, no elevaron el asunto al Supremo y finalmente cobraron 1,5 millones y 380.000 euros respectivamente, mientras que el resto de los ayuntamientos han dejado de ingresar en total por este concepto diez millones de euros en los últimos ocho años, desde que se emprendió la vía judicial.
A la rueda de prensa posterior a la reunión acudieron, junto con los senadores populares Luis Aznar y Silvia Franco, los alcaldes de Valverde de la Virgen, David Fernández y de Pola de Lena, Ramón Argüelles, y fue el regidor asturiano quien insistió en que en estos momentos están estudiando unirse a otras poblaciones españolas afectadas por un problema similar, como sucede por ejemplo en Castellón, para ejercer mayor presión.
David Fernández ha subrayado el ejemplo de la León-Astorga, la AP-71, que paga como cualquier otra empresa este impuesto que en el caso del Ayuntamiento que él preside se traduce “en que hemos dejado de ingresar en los últimos años tres millones de euros, justo en un momento en el que tenemos que acometer un plan de ajuste de 3,2 millones de euros”.
Tanto Luis Aznar como Silvia Franco ha mostrado su disposición a mediar con el Gobierno para que reconsidere esta situación que ha agravado las arcas de los municipios por los que discurre el trazado de la autopista. Pero en ambos casos han subrayado que todo está ligando a la herencia que han recibido. Para seguir la vida judicial los ayuntamientos debería emprender el recurso al Constitucional y de ahí a Europa, un proceso largo y costoso que ninguno puede costear en estos momentos.
