Arranca el primer mapa de la ordenación y la Junta blinda la aplicación de la reforma local
El primer mapa de la ordenación ya está en marcha. Las Cortes ratificaron, con los votos de PP y PSOE, el diseño de las 13 áreas funcionales presentado por la Junta. La oposición socialista, pese al cambio de su líder, mantuvo el pacto territorial, que se tendrá que desplegar a partir de 2015. En paralelo, municipios y diputaciones desarrollan la reforma local del Gobierno, pero la Junta blindó su aplicación mediante una ley para asegurar los servicios públicos. Castilla y León buscó en este año aliados ante el reto demográfico, que considera un problema de España y de la Unión Europea. Además, dos nuevos socios se unieron al proyecto de la Macrorregión Resoe, espacio con el que se quiere hacer oír la voz del Noroeste español y portugués en Europa.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró que no termina nada, sino que empieza, con la aprobación del primer mapa que corresponde a las ciudades y sus alfoces, idea que compartió el portavoz socialista en la materia, Francisco Ramos. Las áreas funcionales estables no se corresponden con nuevas entidades administrativas, sino con espacios geográficos, como base en la que se asentarán los instrumentos para la prestación de los servicios públicos, entre ellos las mancomunidades de interés general o unión voluntaria de municipios, recogidas en la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio.
Por ello, el titular de la Presidencia animó a los grupos de las Cortes a trabajar antes de que finalice esta legislatura para culminar el mapa de unidades básicas de ordenación rural, que es el siguiente. “Es el mapa de la Castilla y León del siglo XXI”, defendió De Santiago-Juárez, sobre un asunto considerado de Comunidad, si bien reconoció un retraso en el desarrollo del modelo territorial, cuyas bases se cerraron en septiembre de 2013 con la aprobación de la ley, debido a la reforma local del Gobierno y a “otras circunstancias”, en referencia a la crisis interna en la oposición socialista por la pugna entre Julio Villarrubia y Óscar López, entonces sus máximos dirigentes.
En materia de ordenación territorial, definida por el presidente de la Junta y el consejero de la Presidencia como una ley “radicalmente municipalista y pensada para garantizar los servicios”, la Junta tiene pendiente, no obstante, están pendientes algunos desarrollos comprometidos para este año, como los estatutos de las mancomunidades de interés general y su cartera mínima de servicios. En cambio, se han cumplido los preceptos de adecuación de la Ley de Régimen Local de Castilla y León a la reforma local del Gobierno en el apartado del Estatuto del Concejal y la regulación de las entidades locales en los ingresos propios y cedidos de la Comunidad, que se recoge en la ley de medidas que acompaña a los presupuestos, con un suelo mínimo e incondicionado.
Reforma local
La entrada en vigor de la Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, rechazada por la Junta en su presentación y asumida después tras la introducción de cambios que consideró que recogían sus demandas, llevó a la Consejería de la Presidencia a presentar un Decreto Ley de Medidas urgentes para la garantía y la continuidad de los servicios públicos. Fue la primera comunidad en blindar por ley la aplicación de la reforma local, otras siguieron la estela, pero el Gobierno las recurrió, algo que ya no pudo hacer con la norma castellano y leonesa al haberse pasado el plazo.
El decreto ley se ratificó por unanimidad de los grupos de las Cortes regionales con la petición de su tramitación como proyecto de ley, si bien, según reconocieron el consejero de la Presidencia y los grupos, la norma está en vigor y se piden prórrogas a la presentación de enmiendas para evitar que con su aprobación como proyecto de ley se abra el “melón” y el Gobierno la pueda recurrir, de manera que será uno de los textos que decaigan tras la disolución en marzo del Parlamento por la convocatoria de las elecciones.
Precisamente, la Consejería de la Presidencia ya ha estrenado el decreto ley al emitir el informe de inexistencia de duplicidad en 16 solicitudes de entidades locales de Castilla y León para el ejercicio de otras competencias distintas de las propias o de las delegadas, de las 44 peticiones dictaminadas. Junto a esta norma con rango de ley, el departamento de José Antonio de Santiago-Juárez dictó una circular para ofrecer a las entidades locales unos criterios interpretativos y orientativos de carácter homogéneos, que permitan solventar las diversas cuestiones que puedan surgir en el funcionamiento ordinario de diputaciones y ayuntamientos. También, pactado por PP y PSOE, se ha presentado el Estatuto del Concejal, que se recogerá en la ley de Régimen Local de la Comunidad.
Población y Macrorregión
El grupo interterritorial por el cambio demográfico mantuvo este año dos reuniones, en Zaragoza y Mérida. Los socios, Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, plantearon la necesidad de promover un pacto de Estado que implique a todas las fuerzas políticas con el objetivo de diseñar una estrategia nacional contra la despoblación y el envejecimiento, ya que consideran que esta crisis demográfica, que experimentan de manera intensa sus territorios, es un “indicador adelantado” de un proceso que se extenderá al conjunto del país.
En su reunión de junio en Mérida volvieron a pedir la implicación del Gobierno central, Congreso, Senado, municipios y Unión Europea para poner soluciones conjuntas y globales ante un problema que consideran estructural y no sólo propio de ellas, como es la pérdida de población. En este encuentro se encargó a Castilla y León que lidere la tramitación y elaboración de un dictamen sobre desafíos demográficos para su presentación y defensa ante el Comité de las Regiones de Europa,
Las cinco comunidades reclamaron que el Gobierno central lidere la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de la Estrategia Nacional por el Cambio Demográfico y la firma de un Pacto de Estado, para dar ese rango a los planes que tienen en marcha las comunidades, como es el caso de la Agenda de la Población de Castilla y León. Precisamente, la Junta modificó ese catálogo de medidas que puso en marcha en 2010 para dinamizar la población en los sectores de jóvenes, familia e inmigrantes, al que no se ha sumado la oposición socialista, que tilda de “muerto” ese programa.
La Macrorregión del Sudoeste Europeo (Resoe), constituida en Valladolid en 2010 por Castilla y León, Galicia y Región Norte de Portugal, inició una nueva etapa, tras el parón de dos años. Los tres socios ampliaron el espacio a Asturias y Región Centro de Portugal, con el objetivo de hacer oír su voz en Europa, ante la programación de fondos para el marco 2014-2020. Uno de los proyectos, en el que ya trabajan, es el Corredor del Atlántico, en concreto el eje Aveiro-Miranda de Ebro-Irún. También, unieron su esfuerzo para impulsar desde la Resoe el desafío que supone la pérdida de población, que presentan como un problema de España y europeo.
Transparencia
La Consejería de la Presidencia ha completado su programa legislativo con el envío a las Cortes del proyecto de Ley de Transparencia, acceso y reutilización de la información pública y participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad, en la que se recoge, entre otras materias, que los altos cargos de la Junta presentarán en el registro sus bienes de entrada y salida del cargo, que se publicarán en el BOCyL. La oposición socialista ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo.
En la recta final del año, las medidas de transparencia y regeneración democrática enfrentaron a PP y PSOE. Ambos presentaron sendas proposiciones no de ley en tal sentido, pero no hubo acuerdo y se aprobó la del grupo mayoritario, sólo con sus votos. Por primera vez, los populares plantearon la reducción del número de 84 procuradores de las Cortes, de sus dedicaciones exclusivas y la limitación del aforamiento de 'sus señorías', propuestas que contaron con el rechazo total de la oposición.
El Grupo Popular ha invitado a la oposición, en especial a la socialista, a sentarse para avanzar en las medidas de la iniciativa aprobada, pero el nuevo líder del PSCyL, Luis Tudanca, vinculó el posible acuerdo -coinciden en varias materias- a la creación de las comisiones de investigación pedidas, en relación a las tramas Púnica y Gürtel, y a la asunción de responsabilidades ante los casos de corrupción que han salpicado a los populares, entre ellos en la Diputación de León.
En el balance normativo, casi la mitad de las leyes aprobadas por las Cortes en la presente legislatura llevan la firma de la Consejería de la Presidencia, con 11 textos -nueve como proyectos de ley y dos como decretos ley, ya leyes una vez convalidados, que se tramitan ahora como proyecto de ley-. Entre ellas, las de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, Instituciones propias de la Comunidad, integración de inmigrantes, ciudadanía en el exterior o reforma de la administración autonómica. “Son leyes para perdurar en el tiempo, no son flor de un día”, defendió el consejero.
Las relaciones con el Gobierno Rajoy se han suavizado tras la visita en mayo de la vicepresidenta, la vallisoletana Soraya Sáenz de Santamaría a la Presidencia de la Junta. Los conflictos por la minería, ibérico, Garoña, dependencia, reforma local o reparto del déficit han quedado atrás. Sólo se mantiene el recurso por el copago farmacéutico de crónicos. El Ejecutivo ha asumido que se retrase la revisión del sistema de financiación autonómica, para el que cerró una posición de Comunidad en las Cortes, hasta que se tengan más recursos que repartir.
