Muchos miraron al expresidente del Gobierno de España, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero, tras la aprobación de la Moción Autonomista Leonesa en la Diputación de León el 25 de junio pasado. Y tardó pocos días en dar su opinión, ya que dos semanas después, el 10 de julio, afirmó –aprovechando su presencia en el homenaje a la creación del Incibe que él mismo impulsó en la capital leonesa con el nombre de Inteco– que “descarta una autonomía para León” pero pidiendo “cambios profundos en el modelo autonómico”.
Zapatero reconoció que en León hay un problema que hay que abordar. Y que la actual Comunidad Autónoma de Castilla y León “no puede tener un funcionamiento como otras”, por sus especificidades territoriales. Llegó a decir que “la moción de la Diputación expresa una latente e histórica necesidad de reconocer la personalidad propia de León. Hay un sentimiento que expresa esta moción y está en buena parte de los leoneses”, pero para reclamar “una mayor descentralización política con más competencias para la Diputación de León y la descentralización de la comarca de El Bierzo”.
Una solución que chocaría de frente con la oposición de la Junta de Castilla y León —cuyo presidente, Alfonso Fernández Mañueco reconoció implícitamente que en León hay un problema al tardar dos semanas en dar su opinión, por supuesto en contra, de crear una autonomía leonesa en vez de salir a los diez minutos de la aprobación de esa moción; casualmente el mismo día que Zapatero y echándole la culpa al PSOE–, que es la que gestiona el presupuesto autonómico, porque esto supondría su minoración al tener que ceder gran parte del presupuesto autonómico a nueve diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo. Una administración autonómica que hizo todo lo posible por evitar que Castilla y León se configurara sobre el poder de las diputaciones provinciales, creando las delegaciones territoriales, una en cada provincia, para sobrepasarlas y opacarlas dejándolas como administraciones secundarias.
Porque en un principio, la propuesta de crear una comunidad autónoma con dos regiones dentro –una subrepticia forma de saltarse el artículo 145 de la Constitución que prohíbe taxativamene la federación de autonomías– se justificó en un sistema igual al que Zapatero ha propuesto como solución a los problemas leoneses evitando la división de Castilla y León. Un sistema que prometió todo un exministro franquista: el leonés Rodolfo Martín Villa.
El sistema prometido por Martín Villa
El propio Martín Villa –nacido en Santa María del Páramo pero formado en Valladolid desde donde ascendió políticamente por las estructuras de la dictadura y que fue ministro de Interior con la UCD en los tiempos de la transición y de Administración Territorial entre 1980 y 1981– también habló estos días para reiterar que “no se arrepiente” de la creación de Castilla y León. Aseguró en el programa Cuestión de Prioridades de Televisión Castilla y León (casualmente el mismo 10 de julio pasado coincidiendo con Mañueco y Zapatero) hablando sobre la propuesta del alcalde de León de pensar una nueva autonomía leonesa sola o unida a Asturias que “a Asturias no le ha ido mejor que a León por ser una comunidad uniprovincial” (se puede ver el vídeo de la entrevista aquí) descartando por supuesto la división de la autonomía que él mismo creó.
El sistema que propuso era el de las nueve diputaciones fuertes, reconociendo que hoy hay “un centralismo exacerbado”. En la entrevista (a partir del minuto 9:20), apunta que lo propuesto “tenía su lógica que lo potente en Castilla y León eran las nueve provincias y por tanto debía jugar un papel muy importante las nueve diputaciones”. Criticando que “crear una administración absolutamente innecesaria en que cada una de las nueve provincias que repetían miméticamente la estructura del Gobierno de la Nación me pareció no solamente costoso sino que políticamente no se debió hacer. En tiempos de Aznar se avanzó algo, ya que sólo hay una delegación territorial”.
Así, su sistema era regular “las diputaciones de forma distinta” con la participación de los diputados provinciales y los procuradores en el pleno de la administración provincial. Para él, los procuradores autonómicos y los provinciales deberían estar “durante tres semanas preocupándose de los problemas de León” y “quizás los procuradores autonómicos con una semana al mes en las Cortes hubiera sido suficiente”.
También indicó que él sigue pensando que “había que fortalecer las autonomías sin tentaciones centrífugas”. “Para mí uno de los puntos importantes, quizás magnificando la importancia que tenía que tener la provincia de León no me opongo ni siquiera a la posición de la UPL; pero lo que sí creo es que en la situación actual no se puede conducir a una situación imposible”, apuntó en referencia a la creación de una nueva autonomía.
Las diputaciones, electas por democracia indirecta
El sistema de Zapatero sería aún peor, ya que supondría que la Junta descentralizara sobre plenos compuestos por diputados provinciales, que no se eligen con voto directo en las municipales.
El problema de esta supervitaminación de las Diputaciones Provinciales es que se dejaría la decisión de gastar un dineral en manos de representantes no elegidos por los ciudadanos, sino por los concejales de cada Partido Judicial. Es decir, que ya no sólo habría que sortear la férrea resistencia de la Junta con su sede administrativa asentada en Valladolid hacia una tercera descentralización, sino que los votantes no tendrían posibilidad de elegir directamente a sus representantes: de poder hacerlo sería una autonomía uniprovincial y la propia Constitución indica que las diputaciones de una sola provincia se convierten automáticamente en parlamento autonómico. Eso no pasaría en este caso, quedando un extraño ente entre medias de una figura y la otra.
El sistema de elección de las Diputaciones provinciales es similar al de la elección del presidente de los Estados Unidos de América. Los electores votan por un número de representantes por cada Estado y estos deciden quien accede al cargo.Se llama democracia indirecta. En el caso de las provincias españolas se recogen los votos por partidos judiciales y, dependiendo de la población, a cada uno le corresponden una serie de diputados provinciales. En León son 13, en el Bierzo 7, en Astorga 2, y uno en La Bañeza, Cistierna y Sahagún hasta totalizar 25.
Además, el sistema democrático europeo sería más aún de segunda, puesto que no votan quiénes serán esos representantes los ciudadanos, sino los concejales electos de cada partido político en cada demarcación, dependiendo de si su formación ha conseguido escaño en el reparto indirecto. Con consecuencias tales como que el PP, que ganó en votos en la provincia de León en las elecciones municipales, a mucha diferencia del PSOE, no obtuviera muchos más diputados provinciales que los socialistas (PP 11 y PSOE 10), pero haya terminado gobernando los socialistas con un pacto con la UPL que sacó 3.
El proceso va así, poniendo como ejemplo el resultado de las municipales en 2023 en el partido Judicial de León: el PP gana en votos generales y se lleva cinco escaños y es segundo el PSOE que con el sistema de reparto D'Hondt consigue los mismos cuatro, mientras que la UPL consigue 3 y Vox 1. Así, se convocan a todos los concejales que han tomado el acta de cada partido y estos votan a una lista concreta de compañeros para que les representen en la Diputación. Los del PP votaron esta vez a dos listas de cinco, los demás a una de cuatro (PSOE), a una de tres (UPL) y en Vox el que más votos consiguió se sentó en el Pleno del Palacio de los Guzmanes. Así lo mismo con los siete del Bierzo (4 para el PSOE, 3 para el PP) y en Astorga, La Bañeza y Sahagún los ediles populares (partido que ganó en todos esos partidos judiciales con un representante) votan mayoritariamente a un candidato por cada uno de ellos.
No sólo es democracia indirecta, sino que además es censitaria: sólo pueden votar algunas personas que tienen derecho para ello, al viejo estilo de las democracias liberales del siglo XIX que 'censaban' quiénes podían votar por cuestiones económicas o de posesión de bienes. Lo mismo ocurre con el Consejo Comarcal del Bierzo, que copia el sistema de elección de sus miembros del de las Diputaciones Provinciales: sólo los ediles electos eligen a los 27 consejeros que lo conforman.
Y lo peor de todo, que no votan todos los representantes municipales elegidos (que en la provincia leonesa son 1.631) sino unos 1.300 ya que los partidos políticos que no obtuvieron representación en los partidos judiciales no están representados: los de IU, Podemos, Coalición por el Bierzo o España Vaciada no pudieron votar. Sólo lo hicieron en 2023 todos los concejales del PP (698) ya que fue el único partido con representante en todos y cada uno de los partidos judiciales. El PSOE se dejó un 20% de concejales sin votar al no conseguir ganar en La Bañeza, Cistierna y Sahagún. De la UPL votarían la mitad de concejales.
Democracia 'de segunda' (o de tercera al ser censitaria)
Es decir, que el sistema propuesto por Zapatero, aparte de ser una copia minorizada del franquista de Martín Villa (apostando por la provincia en vez de la autonomía amplia), contaría con la extrema oposición de la Junta y las Cortes autonómicas en Valladolid y los ciudadanos no tendrían poder de decisión directo sobre las diputaciones, que quedarían al albur de la política interna de los partidos (que para eso eligen ellos a sus representantes). Una democracia de segunda (o casi de tercera) que parece tener muy poco sentido democrático para gestionar los cientos de millones que le deberían corresponder a las administraciones provinciales.
Y que, de llevarse a cabo este sistema, terminaría laminando por completo el prácticamente nulo sentimiento de Comunidad de Castilla y León, reconocido hasta por el propio Óscar Puente, y sería, quizás, un clavo en la tumba más de la actual autonomía. Aunque complicaría la creación de la de la Región Leonesa al convertir a las diputaciones en una especie de pseudoautonomías que el pueblo no podría controlar directamente quedando en manos de la política interna de los partidos.
Una especie de gobernar para el pueblo, pero sin el pueblo. Lo que era el absolutismo ilustrado del siglo XVIII, o lo que algunos en León dice que pasa ahora con el centralismo de Valladolid.
¿Resultado de la solución de Zapatero? Avance político cero, retroceso democrático uno.