Los sindicatos acuerdan “unidad total de acción” en su rechazo a la “última oferta” de la Junta para recuperar la extra de 2012
Los sindicatos integrados en la plataforma para la defensa de los empleados públicos de Castilla y León (CSI-F, CCOO y FESES, que integra a SATSE y ANPE), junto con UGT, acordaron hoy una “unidad total de acción”, en palabras de la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Carmen Amez, en su rechazo a la “última propuesta” planteada por el Gobierno regional para la recuperación de la paga extra de los empleados públicos pendiente de 2012.
“La unidad sindical está garantizada y bien armada”, corroboró a Ical el secretario general de FSC-CCOO de Castilla y León, Carlos López Inclán, para quien esta última propuesta presentada por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, “no cumple con nuestros objetivos ni con las expectativas que se habían creado en los trabajadores del Gobierno autonómico”, ya que “no pone sobre la mesa la recuperación de los días adicionales generados por antigüedad en el año 2015”.
Pese al anuncio del consejero de que la presentada hoy era la “última propuesta realizada por el Ejecutivo autonómico”, López Inclán asegura que no se niegan a “seguir negociando para alcanzar un acuerdo que sea beneficioso para los trabajadores”. En ese sentido, todos los sindicatos han acordado reunirse de nuevo el próximo lunes, 19 de octubre, a las 10.00 horas, para “intentar elaborar algún tipo de propuesta que pueda superar la situación actual, y ver qué otras acciones podemos adoptar en el futuro”.
Además, Amez recalca que “es totalmente ilegal” la propuesta de abonar la mitad de la paga extra pendiente antes de que acabe 2015, ya que “hay un real decreto del 12 de septiembre donde les deja sólo arbitrar el 26,23 por ciento de la paga”. “Encontramos la enésima mentira del consejero, que nos ofrece el 50 por ciento a cambio de que perdamos los derechos que hemos adquirido, que son los días de libre disposición por vacaciones y por trienios”, argumentó.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) denunció el “despropósito” de la Junta de Castilla y León, al “presentar una propuesta de negociación a los empleados públicos en la que no reconoce todos los días de vacaciones y de asuntos propios por la antigüedad, que el Gobierno central sí ha concedido ya a sus empleados, a través de la aprobación del Real Decreto Ley 10/2015 de septiembre”.
CSI-F lamenta que el Gobierno regional no haya escuchado el “clamor” de sus empleados públicos, que también están exigiendo a sus representantes sindicales que no renuncien al derecho de disfrutar los días que les arrebataron. Según reconocen, han rechazado “de plano” la propuesta de la Junta en la Mesa de Negociación, y aseguran que “la administración regional se ha equivocado, porque los empleados públicos de la Junta no van a permitir que los empleados de la Administración General del Estado recuperen unos derechos y los de la Junta no”.
CSI-F remarca que “no se entiende que sólo se reconozca ese 50 por ciento, y que el otro 50 por ciento de los días que sí da la Junta se disfrute a lo largo de los años 2016 y 2017. Es un sinsentido que no sabemos a qué responde, y que tendrá unas consecuencias, cuando lo más lógico hubiese sido reconocer la recuperación de todos los días, porque no dan más, sino que devuelven lo que nos quitaron”.
