47.330 hogares leoneses necesitan acogerse al bono social para pagar la luz

Un total de 221.515 hogares de Castilla y León disfruta del bono social de la luz, un mecanismo creado por el Gobierno central para proteger a los colectivos más vulnerables y que consiste en la congelación de la tarifa de la electricidad en niveles de 2009, fecha del inicio de su aplicación. Son beneficiarios que no sufren las constantes subidas de luz y que, en la actualidad, acumulan ahorros por encima del 25 por ciento.

Uno de cada diez ciudadanos de la Comunidad tiene contratada esta tarifa que sólo está al alcance de los clientes domésticos con una potencia instalada inferior a tres kilovatios, los pensionistas con prestaciones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos sus miembros en el paro. La nueva Ley del Sector Eléctrico modificó el año pasado las condiciones e incluyó una limitación por renta para acceder a la tarifa social. Desde entonces, sólo está al alcance de los consumidores con el 120 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 10.841 euros anuales.

En la actualidad, 943.399 consumidores de Castilla y León tienen contratada la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR) que tras la última reforma energética recibe el nombre de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). Es la suma de los datos facilitados a la agencia Ical por las compañías eléctricas que operan en la región.

De ese número, 221.515 cuentan con el bono social. Iberdrola es la comercializadora con más clientes que tienen esta congelación de la tarifa de la luz, con 150.648 hogares, frente a los 55.639 que suma Gas Natural Fenosa. Les siguen, pero a bastante distancia, los usuarios de E.On, con 11.279, y Endesa, con 4.200 familias con el bono social.

Estas cuatro grandes compañías, junto a EDP España, son las encargadas de ofrecer esta tarifa reducida en España. Inicialmente, estaban obligadas a financiar el bono social con 150 millones de euros al año pero, posteriormente, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo decidió que el coste fuera soportado por una treintena de empresas encargadas de la producción, distribución y comercialización.

El número total de beneficiarios por empresa varía en función de la implantación de las eléctricas en cada una de las provincias. Iberdrola, por ejemplo, cubre el 76 por ciento de los municipios de la Comunidad, con más de 1,5 millones de todo tipo de clientes, mientras que E.On cuenta con 41.000 suministros. Entre medias, están los 376.000 que tiene registrados Gas Natural Fenosa y los 130.000 de Endesa.

León, a la cabeza

La provincia que cuenta con más beneficiarios del bono social es León, con 47.330 hogares (el 12,8 por ciento del total), seguido de los 32.498 de Salamanca (13,1 por ciento) y los 31.999 de Burgos (10,3 por ciento). A la cola en número de consumidores con la tarifa reducida están Palencia (17.058, con el 10,3 por ciento), Segovia (15.814, con el 13,1 por ciento) y Soria (10.398, con el 5,1 por ciento). Completa la lista Zamora (20.663, con el 11,8 por ciento), Valladolid (21.944, con el 6,4 por ciento) y Ávila (23.811, con el 13,6 por ciento).

El último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recoge que, en septiembre de año pasado, el bono social contaba con 2,5 millones de beneficiarios en España, de los que la mayor parte (más de dos millones) corresponde a los consumidores con una potencia contratada en su primera vivienda por debajo de los tres kilovatios. En estos casos, su inclusión en el bono social es automática, siempre y cuando estén acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) o regulada, y no es necesario solicitarlo.

El resto de clientes debe pedirlo expresamente a su empresa comercializadora de último recurso y acreditar la condición en cada caso. Los pensionistas suponen el 14 por ciento, seguidos del 7,2 por ciento de las familias numerosas. Los hogares con todos sus miembros en paro, a nivel nacional, tan sólo significan el 2,1 por ciento. Eso sí, en el último año se ha incrementado un 21 por ciento. Pese a esta subida, la tendencia de los consumidores acogidos al bono social va a la baja en el país. A primeros de 2010, este mecanismo de congelación de la tarifa llegó a superar los tres millones, aunque la previsión inicial del Gobierno es que podría beneficiar hasta cinco millones de personas.

El bono social se disfruta por un periodo de dos años y para volver a beneficiarse de esta tarifa especial el cliente deberá acreditar que, de nuevo, cumple con los requisitos. El consumidor debe comunicar a la compañía cuando deja de cumplir las condiciones que marca el Gobierno y pierde los derechos a pagar menos por la electricidad. El Partido Popular rechazó, hace unas semanas, una iniciativa parlamentaria para que las familias con personas con discapacidad pudieran disfrutar del bono social eléctrico.

Según los datos facilitados por Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa y E.On, la Comunidad Autónoma suma más de 2,1 millones de hogares con un contrato eléctrico, que incluye tanto a los consumidores con bono social, los de la llamada antigua Tarifa de Último Recurso (TUR) –con tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC)- y los del mercado libre.

La TUR, a la que están cogidos unos 16 millones de personas en España y cerca de un millón en la Comunidad, se calcula con los peajes del Gobierno y el coste de la energía que, a partir de ahora, en lugar de la subasta estará marcada por la evolución del mercado mayorista de electricidad.

Devolución de 40 euros

Precisamente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) anunció hace unos días que las compañías eléctricas tendrán que devolver una media de 40 euros a los clientes que tienen contratada esta tarifa regulada. Fue un extremo que confirmó el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el pasado viernes tras el Consejo de Ministros después de declarar que el mercado mayorista de electricidad haya marcado precios inferiores al fijado por el Gobierno para el primer trimestre del año.

La OCU señala que habrá que esperar a abril para conocer el precio exacto de la luz, pero que estará marcado por una bajada importante propiciada por el viento y las lluvias de estos últimos meses. La previsión es que el precio de megavatio hora (MWh) rondará los 25 euros frente a los 48 euros establecidos por el Gobierno.

Los consumidores con derecho a la devolución deberán contar con la tarifa oficial (PVPC) a 31 de marzo de 2014 y que la potencia instalada sea inferior a diez kilovatio hora. Según los cálculos de la organización, las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, HC HidroCantábrico y E.On) deberán hacer frente a un sobrecoste de 680 millones de euros, a desembolsar antes de finales de agosto. Una cifra que el Ministerio rebaja a los 300 millones.