Fomento atendió en León 152 solicitudes de ayuda al alquiler o la hipoteca

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha dado facilidades a casi medio millar de familias de Castilla y León que se encontraban en una situación complicada, por la crisis, pero también por otras circunstancias, con el objetivo de que no se vieran inmersos en un proceso de desahucios y perdieran su casa. Para ello, ha flexibilizado el pago del alquiler o las cuotas de la hipoteca de las viviendas protegidas de titularidad autonómica, con diferentes alternativas como moratorias o reestructuraciones de deuda.

Fomento puso en marcha en julio de 2013, hace casi dos años, una batería de medidas urgentes con el objetivo de hacer frente al drama de los desahucios, que todavía golpea cada día a unas seis personas en la Comunidad. La Consejería introdujo cambios en la legislación, sobre todo, para no tener que desalojar a los moradores de viviendas de su parque autonómico. Además, ha autorizado casi 350 amortizaciones anticipadas de VPO, con descuentos del 30 por ciento.

El plan de choque impulsado por la Junta fue requerido desde su inicio por 480 familias, si bien el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con 438 solicitantes, pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión como las familias con todos sus miembros en paro, afectados por desahucios, personas que pierdan su casa por una separación, divorcio o nulidad matrimonial o por una expropiación o ruina, damnificados por catástrofes o por ocupar una vivienda con deficiencias en su habitabilidad.

La Consejería ofrece diferentes alternativas para facilitar el pago de las cuotas de compra o alquiler de sus VPO para evitar desahucios. Para ello, permite, según cada caso, moratorias o reestrucuraciones de la deuda hipotecaria, así como aplazamientos en los pagos de la renta, rebajas de hasta el 50 por ciento en las mensualidades y la renegociación de la deuda contraída con la administración autonómica. En paralelo, quienes opten por una amortización anticipada pueden beneficiarse de descuentos del 30 por ciento, que se eleva al 40 por ciento, si se adquiere una vivienda en arrendamiento.

También, Fomento aplicó en las viviendas de promoción pública sin adjudicar una reducción del 20 por ciento los precios de venta y alquiler para que puedan acceder a ellas colectivos más amplios. Además, la Junta estableció la obligación de que la Junta y los ayuntamientos reserven un número de viviendas para atender situaciones de emergencia, en colaboración con los servicios sociales, y la creación de un parque público de viviendas en alquiler con la reserva de un 30 por ciento de las viviendas desocupadas y de los terrenos de uso residencial.

Propiedad y alquiler

La Consejería ayudó en estos dos primeros años a 38 propietarios de Ávila a pagar la cuota mensual de su vivienda protegida, así como a 32 de Burgos, cuatro menos de los que lo pidieron. También atendió en León 152 solicitudes, tres menos de los que se registraron. En Palencia se contabilizaron 51 peticiones, de las que fueron favorables 46, mientras en Salamanca recurrieron a esta opción 52 titulares de VPO, de las que la Junta autorizó 49.

En Segovia, Fomento ayudó a 17 familias y en Soria a 21, aunque habían pedido flexibilidad para abonar la hipoteca 25. En Valladolid se contabilizaron 86 peticiones, si bien la Junta autorizó 68, mientras en Zamora se atendieron las 12 solicitudes registradas. En total, 435 familias se beneficiaron de las medidas de flexibilidad diseñadas por la Consejería para que ninguna familia perdiera una vivienda protegida de titularidad autonómica.

Por otra parte, Fomento ha conseguido que se amortice de forma anticipada el crédito que pesaba sobre 348 VPO, si bien recurrieron esta opción un total de 386 propietarios. De ellas, 15 corresponden a Ávila; 41, a Burgos; 40, a León; 55, a Palencia; 45,a Salamanca; 17, a Segovia; 24, a Soria; 92, a Valladolid, y 19, a Zamora. Además, en cuanto al alquiler, la Consejería acordó con tres propietarios de Valladolid diferentes medidas para que pudieran hacer frente al pago.

Titularidad privada

Respecto a las viviendas de protección y titularidad privada, el Gobierno autonómico amplió el periodo de amortización de préstamos hipotecarios, sin necesidad de autorización administrativa previa, y no reclama la devolución de las ayudas de la Junta en caso de subasta, dación en pago, desahucio o reestructuración de la deuda. También, aplica un descuento del 20 por ciento en los precios fijados de venta y alquiler.

Para solucionar el 'stock' de viviendas protegidas de titularidad privada, la Junta flexibilizó los requisitos de adquirientes y arrendatarios, así como como las exigencias fijadas para los jóvenes y las viviendas de precio limitado para familias. También, permite adquirir una VPO, aunque no se cumplan las exigencias, si se asume el compromiso de alquilarla al menos cinco años, así como de arrendarla a personas que no cumplan lo establecido en la ley en caso de movilidad laboral. Ademas, el Ejecutivo adelantó la opción de compra antes de que trascurra el pazo de diez años de calificación, que también se rebajó.