La crisis, fallos de supervisión y una gestión política interesada hundieron las cajas de Castilla y León
La comisión de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León ha cerrado sus conclusiones, entre las que se identifica a la “burbuja inmobiliaria” como responsable de la desaparición de estas entidades y se alude al escaso nivel de sus gestores, pero también se resalta que en el fracaso del proyecto de integración estuvieron los “intereses personales que no quisieron perder su cuota de poder”.
En las sesiones de la comisión, la tercera que se constituyó en las Cortes en esta legislatura y que arrancó sus trabajos en junio de 2017, han comparecido el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera; el exsecretario general del PSCyL Óscar López; los entonces líderes de CCOO y UGT, y directivos de las cajas, además de un grupo de expertos.
Según las conclusiones que presentará el lunes el presidente de la comisión, Manuel Mitadiel (Ciudadanos), se constata que, aunque la crisis del sector inmobiliario fue el “elemento decisivo” en la crisis y desaparición de las cajas de ahorro de Castilla y León, así como el cierre de los mercados financieros, no estuvo ausente “una gestión falta de profesionalidad de los directivos, absolutamente alejada de la prudencia financiera, por unos órganos de gobierno politizados que se preocuparon fundamentalmente por la defensa de sus ”grupos de interés“ y por unos organismos de supervisión que incumplieron sus obligaciones”, como pudo conocer Ical.
En el fracaso del proyecto de integración de las cajas, promovido por la Junta, el PSOE y los sindicatos CCOO y UGT, que firmaron el conocido documento para crear un “músculo financiero”, se vio “claramente”, como se recoge en las conclusiones, que estas entidades “estaban en manos de personas y grupos que antepusieron los intereses personales o de su grupo a los de las cajas”.
“Ni los gestores ni los órganos directivos tenían nivel para adoptar medidas de corrección y gestión de la crisis, las cajas estuvieron rodeadas de un entorno que se aprovechó de ellas mediante préstamos, retribuciones no justificadas en su cuantía, realización de inversiones que no tenían una lógica económica, en algunos casos impulsadas políticamente, y condicionadas a los intereses de los grupos representados en sus órganos. El poder político se aprovechó de una coyuntura que había ayudado a crear”, figura entre las conclusiones.
El PP defiende a la Junta
Sin embargo, el Grupo Popular considera que la Junta “actuó correctamente en atención a la capacidad competencial real que tenía encomendada”. Sobre la solvencia y los riesgos de las entidades financieras, indican que “no había duda de la competencia única del Estado”, a través del Banco de España, puesto que estaba limitada la capacidad de las comunidades al aspecto institucional y a cuestiones como la comprobación de requisitos “formales”. Así matizan que sus competencias son “exclusivas”, pero no “plenas”.
Por el contrario, IU apunta que sería “imprescindible”, ante un proceso ya irreversible de la extinción de las cajas, “inhabilitar” para el ejercicio de cargo público a los miembros de los consejos de administración “que llevaron con su incompetencia e imprudencia a su ruina y desaparición, creando un agujero en las arcas del Estado”.
Igualmente, el Grupo Podemos, representado en esta comisión por su portavoz, Pablo Fernández, coincide en sus críticas a la actuación de instituciones como la Junta. En sus conclusiones, la formación 'morada' señala que el Gobierno autonómico no cumplió con su obligación de supervisión e información al Banco de España de lo que sucedía, en su opinión, en las cajas de ahorro de Castilla y León, lo que motivó su final.
Desde el Grupo Socialista se apunta, en sus conclusiones, que algún miembro de consejo de administración “pudo utilizar su posición en beneficio propio” pero entiende que no puede “derivar en una generalización” cuando la responsabilidad se ha descartado en los tribunales. Aun así reconoce, pese a que la ley de Cajas de la Comunidad es “una de las más restrictivas”, que “es evidente que hubo quien quiso y pudo sortear la ley y cabe esperar que los tribunales juzguen con dureza esos comportamientos”.
“Fue la modificación legislativa desarrollada por el gobierno del Partido Socialista, la que obligaron a las entidades de crédito a buscar los diferentes mecanismos para proceder a fusionarse, de manera que se redujera el número de entidades”, apuntaron desde el PP.
También sindicatos
Otro elemento de critica está en el “comportamiento de partidos y sindicatos”, calificado de “gravemente irresponsable al no efectuar ningún control sobre las actuaciones que miembros de sus organizaciones estaban desarrollando en los consejos de administración de las cajas”, se detalla también como conclusión por Cs.
Al respecto, los 'populares' niegan que las cajas estuvieran “politizadas”, un calificativo utilizado en sentido “despectivo”, y recuerda que sus dirigentes fueron los mismos que las llevaron “a dar los mayores beneficios y la máxima inversión en la Obra Social, poco tiempo antes”. A su juicio, la desaparición o bancarización de las entidades se debió a que la normativa estatal no se modificó “a tiempo para permitir su supervivencia”, aunque no se olvidan de la responsabilidad de los “directivos”, de la crisis y de la falta de anticipación del Gobierno de entonces y el Banco de España.
Por tanto, se presenta a los partidos y sindicatos, en distinto grado, según su representación, como “corresponsables en la crisis y desaparición de las cajas al consentir y dar cobertura a comportamientos alejados del sentido común y la ética, retribuciones disparatadas, prejubilaciones millonarias, inversiones temerarias ... fueron habituales y públicas. Situaciones de las que todos eran plenamente conscientes pero que nadie intentó atajar”, dice el grupo naranja.
Podemos coincide en esta visión. “El PP y el PSOE son corresponsables de la desaparición de las cajas ya que en los órganos de gobernanza de las mismas había una importantísima representación de miembros de ambos partidos”, sentencian los de Pablo Fernández, tras meses de trabajo.
Por el contrario, el Grupo Popular afirma que el proyecto de integración planteado en la Comunidad fracasó por los “intereses de las entidades de crédito” que optaron por otras vías “más razonables para sus intereses”. “Desde la Comunidad se intentó poner soluciones que por diferentes motivos no salieron adelante”, agregaron.
También, los 'populares' explican que los problemas de las preferentes derivaron de su comercialización a minoristas, particulares, y no de su emisión. “Entendemos que la normativa básica estatal debiera haber prohibido en ese momento o, por lo menos, limitado la venta”, añadieron.
13 meses de trabajo
La comisión de las cajas arrancó en junio de 2017 con el acuerdo de que fueran primero los técnicos los que comparecieran y después los políticos y la disposición de todos los grupos a que “se sepa la verdad y sobre qué paso” con las ya inexistentes entidades de ahorro.
Las comparecencias se cerraron el pasado 19 de julio con la presencia del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y del exsecretario general del PSOE de Castilla y León Óscar López como firmantes del acuerdo de integración de las cajas de la Comunidad. Ambos políticos achacaron el fracaso del proyecto de unión de las entidades financieras a la “visión localistas” de los directivos, en lo que el máximo mandatario de Castilla y León calificó de “error histórico” sobre lo que no era “un capricho o un debate artificial, sino un proyecto de comunidad”.
También comparecieron los exsecretarios generales de CCOO y de UGT, Ángel Hernández y Agustín Prieto; representantes de las asociaciones de Facua, Csica, Adicae y preferentes; ex directivos de las cajas y expertos.
