Los administrativos de Transleyca denuncian que sí habrá despidos por parte del grupo Hermanos Chinchón
La plantilla administrativa de Transleyca ha estallado contra la empresa compradora, Transportes Hermanos Chinchón, y contra el administrador concursal tras la venta de la compañía logística leonesa en concurso de acreedores, al considerar que se les ha engañado y dejado desprotegidos en el proceso de traspaso al operador logístico de Guadalajara Continental Logistics & Alliance (CLA).
El grupo de trabajadores denuncia que, pese a que se había prometido su continuidad por el papel clave que desempeñaron en la tramitación de los concursos de las cuatro empresas del grupo leonés, siete administrativos han sido finalmente despedidos y remitidos al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para cobrar sus indemnizaciones, a pesar de que, según aseguran, había dinero en caja suficiente para abonar los 35.670,15 euros que les corresponden, repartidos entre ellos.
Según el auto del Juzgado de lo Mercantil y la documentación del concurso, la operación de venta contempla que CLA se subrogue en 25 contratos de trabajo –tras dos bajas voluntarias de una lista inicial de 27 empleados– y asuma un pasivo laboral de 164.841,43 euros en concepto de indemnizaciones por despido objetivo de los trabajadores subrogados, además de 24.212,26 euros de deuda con la Seguridad Social vinculada a esos contratos. Los siete empleados excluidos de la subrogación generan un coste de indemnización estimado en 35.670,15 euros, que debe abonarse con cargo a la masa del concurso, pero en lugar de abonar esas cantidades en el momento de la entrega de las cartas de despido, se les ha comunicado que solo recibirán certificados de reconocimiento de deuda para que reclamen el pago ante el Fogasa.
En concreto, el escrito judicial indica: “En relación con los trabajadores excluidos, en caso de autorizarse la transmisión de esta Unidad Productiva por parte del Juzgado que conoce del presente concurso, se procederá a entregar la carta de despido a los trabajadores cuya subrogación no se acuerde por causas económicas, productivas, organizativas y técnicas al cesar la sociedad en toda actividad. Atendiendo a la situación actual de tesorería y a las obligaciones que se devengan derivada de la propia actividad, es previsible que dichas indemnizaciones no puedan ponerse a disposición de los trabajadores en el momento de la entrega de la carta por iliquidez y, en consecuencia, deberán entregarse los correspondientes certificados de reconocimiento de deuda para que dichos trabajadores puedan ejercer sus derechos ante el Fondo de Garantía Salarial”.
Acusación de la plantilla al administrador concursal
La plantilla acusa a Transportes Hermanos Chinchón de “haber faltado a su palabra al no garantizar la continuidad de los administrativos” y critica con dureza al administrador concursal del despacho Álvarez-Canal por “ignorar deliberadamente que existía liquidez para afrontar esas indemnizaciones mientras se aseguraba el cobro de sus propios honorarios”, que según los trabajadores han llegado a rondar los diez mil euros en algunos meses.
El juzgado de lo mercantil justifica en un auto los despidos de los no subrogados “en causas económicas, organizativas y técnicas derivadas del cese total de la actividad de la sociedad concursada”, y mantiene la posibilidad de que la relación definitiva de trabajadores que pasen a la nueva estructura de CLA del Grupo Hermanos Chinchón “pueda modificarse hasta la firma de la escritura pública, siempre dentro de los límites legales para no incurrir en un despido colectivo”.
Mientras tanto, los administrativos afectados se sienten doblemente castigados: primero por perder su empleo tras haber apuntalado el proceso concursal y, después, por verse obligados a iniciar un largo trámite ante el Fogasa que, a su juicio, podría haberse evitado si se hubiera utilizado el dinero disponible en caja para pagarles en plazo y no tener que esperar largos meses a recibir su indemnización.
