El Procurador del Común presentará su informe ante las Cortes autonómicas con el mandato caducado otro año más
El Procurador del Común, Tomás Quintana, volverá a presentar su informe de 2024 en el pleno de las Cortes de la próxima semana con su mandato caducado, pese al compromiso del Grupo Popular de renovar las instituciones propias ya que en todas ellas sus titulares han cumplido su plazo reglamentario en el cargo.
Tras la Junta de Portavoces que ordenó el debate del pleno monográfico del Procurador del Común, el portavoz popular, Ricardo Gavilanes, preguntado sobre ello, manifestó que una vez que la oposición socialista ha completado su proceso orgánico de cambios, si barajan hablar de las instituciones propias.
Por su parte, la nueva portavoz socialista, Patricia Gómez, manifestó que el único contacto con el PP para abordar la renovación de las instituciones propias (CES, Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo y Común) se produjo hace más de dos años, pero interpretó que “Mañueco no está por la labor” a la vista del retraso.
Ante el pleno, Gómez destacó “la magnífica función” del defensor de los castellanos y leoneses porque refleja “blanco sobre negro” la realidad de la Comunidad, pues aseguró que no es la que presenta el PP y el presidente de la Junta.
Por su parte, Gavilanes se centró en manifestar que la mitad de las quejas recibidas por el Común van dirigidas a la administración local y elogió la colaboración de la Junta con la institución, como estimó que ocurre con las actuaciones de oficio, entre otras acciones.
Precisamente, el Procurador del Común, Tomás Quintana, confió, cuando registró el informe el pasado 24 de marzo, en que “en algún momento decidan” y él también en relación a la renovación de la institución, después de más de dos años con el mandato caducado y en funciones, pese a que los grupos de las Cortes apoyan su reelección.
Los datos del último informe
El informe recoge que las instituciones estimaron el 88,79 % de las resoluciones formuladas por el Procurador del Común en 2024, cuando tramitó 2.273 expedientes, derivados de 2.129 quejas entre individuales (1918) y múltiples (ocho), junto con 144 actuaciones de oficio, entre las que destacan la petición del alto comisionado a los ayuntamiento de controlar los consumos internos de agua y su calidad para evitar contaminación por nitratos.
De las 1.918 quejas individuales, el mayor número se concentra en la Administración Local (organización, funcionamiento y servicios públicos), Fomento y Empleo Público. De este montante, un total de 1.087 se dirigen a las entidades locales y 635 a la administración autonómica.
Así, el Procurador dictó 1.693 resoluciones, de las que 198 se archivaron al no detectarse ninguna irregularidad jurídica y en las otras 1.495 se formularon recomendaciones, recordatorios, sugerencias o deberes legales con el 88,79 % de aceptación a fecha de 28 de febrero de 2025.
