El Procurador del Común insta a la Junta a defender el comercio del medio rural para garantizar el abastecimiento

Comercio en el medio rural.

Agencia EFE

El Procurador del Común, Tomás Quintana, mediante una resolución dirigida a la administración autonómica, defiende la importancia del “mantenimiento y promoción del comercio” en los municipios rurales de la Castilla y León.

Considera el Procurador del Común que el comercio de proximidad es fundamental para el medio rural de la Comunidad, al menos desde tres perspectivas: como servicio básico, imprescindible para quienes residen permanentemente o de forma temporal en los municipios rurales, por su importancia para que se mantengan las relaciones sociales, y como factor generador de actividad económica y empleo.

Sobre esa base y en línea con las numerosas actuaciones que viene desarrollando la institución en los últimos años para contribuir a mejorar el ejercicio de los derechos de las personas que residen en los municipios rurales de la Comunidad, recientemente ha formulado una resolución dirigida a la administración autonómica como resultado de una actuación de oficio en la que realiza diferentes propuestas dirigidas a mejorar el comercio local en las pequeñas localidades.

En la resolución se incide en la necesidad de promover la implantación, relanzar o simplemente mantener, según los casos y circunstancias concurrentes, los establecimientos comerciales en los municipios rurales.

Con ese objeto, el Procurador considera oportuno que, conforme a sus competencias, la administración autonómica realice un diagnóstico sobre la situación del comercio en el medio rural de la Comunidad con un doble objetivo, por un lado detectar las zonas con problemas de abastecimiento de suministros básicos, y, por otro, localizar las oportunidades de nuevas actividades o establecimientos comerciales que contribuyan a dinamizar la economía del medio rural.

A partir de las conclusiones alcanzadas, se recomienda que allí donde sea necesario sean adoptadas medidas que favorezcan la creación de establecimientos comerciales que garanticen el abastecimiento de productos de primera necesidad en aquellas localidades que carezcan de ellos y, si fuera preciso, se dispongan los apoyos necesarios al comercio no sedentario.

En aquellos municipios que ya dispongan de establecimientos comerciales y puedan llegar a desaparecer, las medidas a adoptar tendrían que ir dirigidas a garantizar su mantenimiento y, en aquellos caos en que fuera oportuno, el relevo generacional.

Pero más allá de las medidas que, como las citadas, tendrían como objetivo garantizar el abastecimiento de las personas por encima de cualquier otra consideración, en la resolución emitida por Tomás Quintana se abunda en la adopción de otras iniciativas de diferente alcance que se podrían adoptar para promover el desarrollo del comercio en el medio rural como actividad económica.

Así, por ejemplo, estrechando la relación entre la actividad comercial y el turismo mediante una oferta estable de productos agroalimentarios y artesanales de cercanía en los establecimientos comerciales de cada zona o comarca natural, oferta apoyada mediante la promoción de la producción agroalimentaria a través de ferias locales o mercados tradicionales.

También aboga por la conservación y promoción de establecimientos comerciales tradicionales que destacan por su antigüedad, tradición, valor artístico, o la oferta de productos señeros; cualidades que pueden, incluso, ser objeto de reconocimiento oficial.

Asimismo, el Procurador pide la adopción de medidas que puedan ayudar a los establecimientos comerciales del medio rural a fidelizar la clientela frente a la competencia procedente de otros establecimientos de mayor tamaño sin arraigo en el territorio.

Para todo ello y considerando la función social que prestan los establecimientos comerciales en el medio rural, el Procurador cree oportuno que en determinados momentos y considerando las circunstancias, se pueden prever ayudas para hacer frente a gastos corrientes o, con el mismo fundamento, se puedan disponer medidas que supongan un alivio fiscal.

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