El presupuesto de la Junta para 2018 aumenta en casi 900 millones y prevé crear 28.000 empleos

Los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018 ascienden a 10.859 millones de euros, lo que supone un 5,5 por ciento más que este año, según el proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno y que presentó, como es habitual, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. De esa cantidad, las consejerías dispondrán de 8.333 millones, es decir, 330 millones más de los que han tenido en 2017. Las tres consejerías 'sociales' -Sanidad, Educación y Familia- tendrán a su disposición 6.606 millones.

La cifra final está casi 900 millones de euros por encima que los presupuestos actualmente en vigor, aprobados en abril de este mismo año, y que superó con poco los 10.000 millones de euros.

Las Cuentas se aprueban este año en plazo -tienen que estar antes del día 15 de octubre en las Cortes- después del acuerdo firmado ayer con el Grupo de Ciudadanos que facilita con su abstención que el Parlamento las dé luz verde en el último pleno del mes de diciembre.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, destacó hoy que la economía de Castilla y León crecerá el año que viene a un ritmo del 2,7 por ciento, una décima por encima de lo anunciado con motivo de la presentación del techo de gasto y dos más que la previsión en las cuentas de este año.

El presidente de Castilla y León defendió sus estimaciones y recalcó que no incluyen “imponderables” como los posibles efectos de la crisis secesionista en Cataluña sobre la Comunidad. Herrera reconoció que “siempre” hay riesgo de una afectación de la Economía por la crisis catalana, pero incidió en que “no tiene especial temor” que les impulse a modificar sus previsiones macro para el próximo año.

Herrera destacó, durante la presentación del proyecto de presupuestos de la Comunidad, para 2018, que su previsión se ajusta a las expectativas económicas dentro del escenario de “mayor prudencia” y conforme a los vaticinios de los principales institutos de predicción económica.

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ensalzó unas cuentas “expansivas e inversoras” dotadas con 10.859,21 millones de euros, con un avance del 5,5 por ciento, en un momento en el que “Castilla y León está a mitad de camino del proceso de recuperación de los efectos de la profunda crisis económica”.

Herrera recordó que 2018, será el quinto ejercicio de crecimiento ininterrumpido del PIB, y puso sobre la mesa una estimación de una tasa de paro media anual del 12,2 por ciento; con un aumento del empleo del 2,8 por ciento, que se traducirá en 28.000 puestos de trabajo adicionales y “permitirá aproximarse al objetivo de legislatura del millón de ocupados”.

El presidente autonómico recordó que Castilla y León ya ha recuperado el 60 por ciento del empleo perdido durante la crisis y lleva 45 meses seguidos reduciendo las listas del desempleo, que han caído en 77.000 personas desde 2013. Asimismo, recalcó que la Comunidad, cuenta con una economía cada vez más abierto, y reseñó que 2017, será el segundo mejor año de la historia en datos de comercio exterior.

Déficit y deuda

Las previsiones macroeconómicas del Gobierno regional, dijo Herrera, también reflejan el compromiso de la Junta de avanzar en la “consolidación fiscal como garantía de dinamismo económico y creación de empleo”.

En este sentido, concretó que el límite de gasto no financiero cumple “plenamente” con las tres condiciones que imponen tanto la Ley Orgánica de Estabilidad como la Ley de Estabilidad Autonómica. En concreto, resaltó que se ajusta al déficit del 0,4 por ciento, un 33 por ciento inferior al de este año (0,6 por ciento).

Además, dijo, respeta el límite de deuda del 20 por ciento del PIB al cierre del año 2018 y es compatible con la llamada regla de gasto, al situarse por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional del 2,4 por ciento, según los criterios legalmente establecidos.

Herrera advirtió de que el cumplimiento de esta senda seguirá suponiendo sacrificios en los próximos años, ya que el objetivo de déficit bajará al 0,1 por ciento en 2019 y en 2020 se exigirá superávit para rebajar los niveles de deuda. Con todo, remarcó que Castilla y León se mantiene en el “pelotón de las autonomías menos endeudadas”, a 4,5 puntos de la media nacional; lo que refleja la “correcta gestión financiera”. Asimismo, ensalzó que la Comunidad, cumple con la ley de morosidad y en agosto abonó sus facturas en 11,23 días.

Beneficios fiscales... para unos pocos

Por otro lado, Herrera, ensalzó hoy que su Gobierno introducirá el año que viene dos nuevos beneficios fiscales y mantendrá los de este año, hasta un total de 51, que permitirán un ahorro de 294,43 millones de euros, eso sí, un ahorro que no afectará a una mayoría de ciudadanos, sino sólo a 168.458 castellanos y leoneses.

Herrera precisó, durante la presentación del proyecto de ley de presupuestos de la Junta para el próximo año, que las víctimas del terrorismo y la violencia de género podrán beneficiarse en 2018 de nuevas bonificaciones que supondrán la “práctica eliminación” del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Ambas ventajas están incluidas en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, que junto a los presupuestos se aprobó en el Consejo de Gobierno ordinario de hoy. El jefe del ejecutivo autonómico expuso que las rebajas selectivas en los impuestos que gestiona el Gobierno autonómico tienen el propósito de respaldar a las familias, impulsar la creación de empleo, facilitar el acceso a la vivienda –en especial de los jóvenes y en el medio rural–, e incentivar la protección del patrimonio.

Los datos facilitados por la junta revelan que los beneficios fiscales en el IRPF beneficiarán a 98.930 personas con 45,41 millones; en el de Sucesiones y Donaciones, a 60.690 con 218,55; en el de Transmisiones Patrimoniales, a 3.480 por 17,47; en el de Actos jurídicos Documentados, a 4.120 por 9,13; y en los tributos sobre el juego a 1.238 personas, por 3,86 millones.

Un análisis por políticas, indica que los beneficios fiscales se centrarán en el apoyo a la familia, con 121.210 beneficiarios, con 233,66 millones de euros; a la vivienda, con 31.080 ciudadanos incluidos (17.130 en general y 13.950 en el mundo rural) por 34,18 millones; al fomento del empleo, con 2.318 por 26,16; y de impulso al patrimonio y a la I+D+i, con 13.850 ciudadanos objetivo, con 435.000 euros.