Mañueco defiende que el protocolo antiabortista será voluntario para médicos y mujeres contradiciendo a Vox
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy que las nuevas medidas no obligan ni a las mujeres embarazadas ni a los profesionales y acusó al Gobierno central con su requerimiento de “sacar rédito político” y de utilizar a las mujeres como “rehenes”.
Fernández Mañueco, en la lectura de una declaración institucional en la sede de la Presidencia de la Junta, expresó el apoyo a los derechos de las mujeres y de los profesionales de la sanidad y trasladó su “sorpresa” por el requerimiento anunciado por el Gobierno, si bien indicó que en este momento no se ha recibido en la Junta.
Sostuvo que las medidas, de las que informó el pasado jueves el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, mejoran y modernizan la cartera de servicios a la mujer embarazada en Castilla y León, pero sin modificar las leyes y protocolos estatales.
“No se obligará a nada”, remarcó el presidente de la Junta, que insistió en que la elección de interrumpir o no el embarazo es una decisión “libremente” adoptada por ellas, aunque señaló que podrán solicitar los nuevos recursos que ofrecerá Sacyl, entre los que se encuentran atención psicológica preferente, escuchar el latido fetal o una ecografía 4D.
Esta versión del presidente contrasta con las últimas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, de Vox, que públicamente se reafirmó hoy en la obligatoriedad de los profesionales sanitarios de informar a las mujeres embarazadas sobre los nuevos protocolos con las medidas anunciadas la semana pasada.
Preguntado por si un médico estará obligado a ofrecer a la embarazada que escucha el latido fetal aunque la embarazada haya acudido a la consulta para declarar su deseo de abortar, respondió taxativamente “sí”. En cambio, las gestantes podrán rechazar las pruebas y la asistencia que se le ofrezca.
El presidente de la Junta enmarcó estas medidas en promover la natalidad en una comunidad que pierde población, calificó de “lamentable” la posición del Gobierno cuando las competencias sanitarias son autonómicas y rechazó “lecciones” sobre la protección a las mujeres de un Ejecutivo que con la ley del ‘solo sí es sí’ ha propiciado “la salida de agresores sexuales” de las cárceles.
El PSOE pide debate en el Parlamento
Esta misma mañana, el PSOE pidió que Fernández Mañueco explique en un pleno extraordinario de las Cortes el protocolo de medidas antiaborto anunciadas por su socio de Vox y avanzó que estudiará posibles acciones legales ante el posible incumplimiento de leyes orgánicas de protección a las mujeres que toman la decisión voluntaria de interrumpir su embarazo.
Así lo anunciaron en una rueda de prensa las secretarias de Igualdad federal y autonómica, Andrea Fernández y Patricia Gómez, en la que acusaron a la Junta de “declararse en rebeldía” y directamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de “estar escondido”, y al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de no desautorizar al vicepresidente, Juan García-Gallardo (Vox).
Por su parte, Andrea Fernández manifestó que el PSOE estudiará posibles acciones legales contra la Junta por su posible incumplimiento de dos leyes orgánicas como las de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y la de reforma del Código Penal que penaliza el acoso a mujeres que acuden a clínicas que practican abortos.
No obstante, Fernández acompasó las posibles acciones legales contra la Junta a conocer el contenido del protocolo anunciado por García-Gallardo el pasado jueves tras la reunión del Consejo de Gobierno y a las ya avanzadas por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, con el requerimiento al Ejecutivo de Fernández Mañueco, así como a que se irá hasta el final porque esas medidas no caben en la ley.
Andrea Fernández acusó a la Junta de Castilla y León de institucionalizar en cartera de servicios de Sacyl practicas de acoso a las mujeres como las que se produjeron en las puertas de clínicas con la entrega de folletos sobre el efecto para la salud mental de un aborto o la invitación para ir a unas furgonetas para escuchar los latidos del feto.
Como subrayó, se trata de medidas que no están permitidas y que crean una inseguridad jurídica tanto a los profesionales como a las mujeres que han tomado la decisión de no seguir con su embarazo y lo que necesitan es “comprensión” y “protección” por parte de los servicios públicos y no “la coacción”.
