La Junta y la Delegación del Gobierno firman un protocolo para coordinarse en las residencias tras un mes de pandemia
Ha habido que esperar un mes, 29 días desde el inicio del estado de alerta provocado por la pandemia de la enfermedad del coronavirus, para que la Junta de Castilla y León y la Delegación del Gobierno en la Comunidad firmen un protocolo que, según explican hoy en una nota de prensa desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, servirá para “maximizar la coordinación de las acciones y medios” de ambas administraciones.
Se trata de no duplicar esfuerzos en atender las necesidades de las residencias de mayores, donde con mucho se ha cebado el Covid-19 desde el principio de la crisis, causando el mayor número de fallecimientos en la Comunidad, así como en los centros de discapacitados y en las viviendas tutuladas, centros todos ellos dentro de la competencia de la Junta por tratarse de acción social.
La Consejería explica ahora que la evolución de la infección en la Comunidad “confirma que uno de los grupos de riesgo que más está sufriendo esta emergencia sanitaria son las personas mayores”, en la que se cuentan 1.214 centros residenciales de todo tipo.
“La preocupación por este grupo de riesgo, y por el personal que atiende estos centros, ha sido objeto de un constante seguimiento y toma de decisiones en las diversas reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) autonómico, que se han ido celebrando sucesivamente desde la activación del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (Plamcal), tras la declaración del estado de alarma, así como en las diferentes reuniones de los Cecopi´s provinciales celebradas diariamente”.
Para ellos, la nueva coordinación de esfuerzos por parte de las diferentes administraciones para minimizar los riesgos del coronavirus en estros centros supone “avanzar” en ella.
El nuevo protocolo de coordinación ha sido firmado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la Consejería de Sanidad, la Consejería de la Presidencia en la coordinación de los Delegados Territoriales, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y de la Delegación del Gobierno, junto con las nueve subdelegaciones provinciales, han considerado procedente la adopción de dicho protocolo de coordinación.
Objeto del protocolo
El objeto de este protocolo es formalizar un procedimiento y maximizar la coordinación entre las administraciones firmantes “en cuanto a las acciones y los medios de que disponen para la mayor protección y prevención de los centros residenciales de mayores y discapacitados”.
Se trata, por parte de la Junta de Castilla y León, de las acciones de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, las Unidades Covid-19 de atención primaria y de residencias, la actuación en desinfecciones de funcionarios y particulares voluntarios, y por parte del Gobierno de España la posible intervención de las Fuerzas Armadas, previa solicitud al Ministerio de Defensa, a través del procedimiento establecido.
En estas labores colaboran y pueden colaborar otras administraciones, entidades y voluntarios coordinados en el marco de los Cecopi provinciales. Todo ello para dar una respuesta integral de todas las administraciones y medios en las labores de vigilancia, desinfección, atención, mantenimiento y seguimiento de los centros residenciales de mayores y discapacitados que lo precisen.
“El objetivo último es poder mejorar la situación de las residencias afectadas, restableciéndolas a una situación estable, que permita el normal funcionamiento de las mismas, y prevenir para evitar contagios en el resto”, afirman.
Centrarse en las más afectadas
Se centra la atención en las residencias que por la situación actual de las mismas tienen un número elevado de personal laboral y/o de residentes con síntomas compatibles y/o confirmados por coronavirus. De otro lado, se consideran residencias de carácter general las que no tienen ningún caso de personal laboral y/o residentes que tengan síntomas compatibles y/o confirmados por coronavirus, y, en el caso de existir alguno, está suficientemente aislado y controlado.
A los fines de dar cumplimiento este protocolo se organizan nueve grupos de acción y seguimiento, uno por provincia, integrados por el delegado territorial de la Junta, el subdelegado de Gobierno, el gerente territorial de Servicios Sociales, el responsable del Servicio Territorial de Sanidad, el responsable de los equipos COVID-19 en la provincia, un representante del equipo de desinfección, y otros servicios que se considere convenientes.
