El Gobierno PP-Cs en Castilla y León zozobra y crecen las desconfianzas y sospechas de traición
“Estamos abocados a un adelanto electoral”, confirman fuentes del Partido Popular de Castilla y León a elDiario.es. Mientras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), vincula no adelantar las elecciones a una “estabilidad parlamentaria” de la que carece, y el vicepresidente, Francisco Igea (Ciudadanos), asegura que no habrá adelanto porque Mañueco le ha dado su palabra, el gobierno autonómico zozobra y crecen las desconfianzas y sospechas de traición entre los dos partidos que firmaron el pacto. Mientras, el presidente multiplica sus apariciones públicas anunciando inversiones millonarias y disminución de tasas al tiempo que elude enfrentarse a las preguntas de los periodistas. Un modo de actuar que se asemeja más a una precampaña que a la acción de gobierno cotidiana.
Desde hace unas semanas la dirección nacional del partido aprieta las tuercas a su barón en Castilla y León y también al de Andalucía, Juanma Moreno. Sus victorias, creen en Génova, darían un impulso a Pablo Casado, y frenarían las amenazas en ambos gobiernos de coalición, tocados por distintos motivos. Hubo una primera intención de que ambos celebrasen elecciones en noviembre sin descartar marzo como segunda opción. Y es esta la que cobra fuerza ahora, desechada la primera. Sin embargo, la fecha estaría condicionada por dos circunstancias, por un lado la aprobación de los presupuestos, que se quieren dejar cerrados para evitar presiones en un nuevo gobierno de coalición, y por otro el juicio del caso de corrupción conocido como 'Perla Negra' que empieza el 14 de marzo y en el que el expresidente Juan Vicente Herrera declarará como testigo, un hecho que mancharía la campaña electoral.
Pero además, sobre el Gobierno de Mañueco e Igea se cierne la sombra de una nueva moción de los socialistas. La primera, fallida, lo dejó herido de gravedad, al perder la mayoría en la Cámara cuando la procuradora de Ciudadanos, María Montero, dejó el grupo parlamentario y pasó a no adscrita. Desde entonces, el Gobierno autonómico se ve obligado a negociarlo todo con algún partido de la oposición para que salgan adelante sus iniciativas. Cuando el PSOE presentó la moción de censura cometió el error de hacerla firmar a sus 35 parlamentarios cuando bastaba con 13. El Reglamento prohíbe que cualquier parlamentario firme una segunda moción antes de que transcurra un año. De este modo, hasta el próximo 11 de marzo, los socialistas no pueden volver a intentarlo. Las circunstancias han cambiado mucho. Ahora Ciudadanos está en clara decadencia, con las encuestas en contra y sería más fácil que alguno más abandonase sus filas ante el temor de quedar fuera de la política. Esa sería una razón clara para que Mañueco disolviese las Cortes en enero para celebrar elecciones en marzo, pero hay otra.
El pasado mes de septiembre, el presidente asestaba un duro golpe a su propio gobierno de coalición votando a favor de una moción socialista para retirar el plan de reestructuración de la Atención Primaria de la consejera de Sanidad, Verónica Casado (Ciudadanos). Con ello, el PP intentaba reforzar su liderazgo, más visible en Igea que en Mañueco, y dar un giro ante un plan sanitario que dos años antes le pareció adecuado, a pesar de que levantó ampollas en el medio rural y se opusieron a él alcaldes de PP y de Ciudadanos.
Surgió entonces una segunda amenaza. En una entrevista en la televisión de Castilla y León, Igea trataba, aparentemente, de apagar el incendio provocado por Mañueco, que había desautorizado de facto a la consejera de Sanidad, pero echó gasolina. “Yo también podría presentar una moción de censura, hagan números”, dijo a los periodistas. Y es cierto. Para presentar una moción de censura se necesita que la firmen el 15% de la Cámara, esto es, 13 procuradores y Ciudadanos tiene 11. Bastan dos adhesiones más. Esa advertencia la hizo el vicepresidente en septiembre, y desde entonces otra circunstancia refuerza esa posibilidad. Hace unos días la procuradora socialista Virginia Barcones dejó su escaño para ser delegada del Gobierno. La sustituyó el siguiente en la lista. De este modo, a Ciudadanos le cuadrarían los números incorporando como firmantes a su exprocuradora María Montero y al nuevo procurador socialista, que no es firmante de la moción anterior. Todo ello proponiendo como candidato a Tudanca. Aunque es una posibilidad retorcida, está en las cuentas que ha hecho el PP, y de hecho es lo que más teme, porque no hay plazo, podría ocurrir en cualquier momento.
Así, todos están vigilantes y se controlan posibles reuniones secretas y cafés casuales que faciliten un acercamiento entre Ciudadanos y PSOE. Curiosamente, en los dos partidos se empeñan en forzar el volumen de sus declaraciones contra el otro, pero el PP sigue sin fiarse. Pero ni siquiera el adelanto electoral es fácil de armar. La idea es ir a la vez que Andalucía, para que haya una dimensión nacional que anime a un voto que iría desligado de las elecciones generales por primera vez en Castilla y León. Pero ocurre que Moreno Bonilla, de adelantarlas, las quiere avanzada la primavera. Eso es un problema para Mañueco, que tiene hasta el 11 de marzo para disolver Cortes antes de que la posibilidad de una nueva moción de censura de los socialistas se pueda hacer realidad, porque hay un periodo obligatorio de entre 54 y 60 días para celebrar elecciones a partir de que se disuelvan las Cortes. A todo esto se suma que quiere antes tener aprobados unos presupuestos que se registraron el pasado viernes y cuya tramitación suele prolongarse dos meses. Los presupuestos son básicos para no sentirse atado en un posible gobierno junto a Vox, que es quien trata ahora de forzar unas elecciones con Andalucía al retirar el apoyo al gobierno de PP y Ciudadanos.
Ciudadanos, que tampoco confía en que se agote la legislatura a pesar de que Mañueco “ha dado su palabra”, sopesa qué hacer. En el Grupo Parlamentario se intentará mantener la unidad y ya para eso ha habido alguna 'excursión' rural que estreche lazos para evitar disidentes.
